USURPADORES

En la República democrática ninguna autoridad es ilimitada


El código penal ha castigado siempre los abusos y usurpaciones y la falta de cumplimiento de los funcionarios a los deberes a su cargo.

Por Nélida Rebollo de Montes




En la República democrática nadie tiene facultades extraordinarias, ni la suma del poder público usado para que la vida, el honor o los bienes de los ciudadanos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan una nulidad insanable y a los que lo consienten les cabe la pena de traidores a la Patria.

La tolerancia con algunas bandas que actúan usurpando en conjunto las viviendas adjudicadas a familias que cumplen el pago de la cuota mensual, sin haberlas ocupado todavía, permite la sospecha de que esos excesos han sido cuidadosamente planificados y las autoridades que no ayudan a desalojarlos se han hecho sospechosas. Es imposible aceptar que lo dispuesto por un juez de que los desalojen a los intrusos, aun no pueda cumplirse a más de una semana de la usurpación.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad autónoma de Buenos Aires y su equipo de gobierno han apelado a toda forma de persuasión y han aportado, además, las fuerzas de seguridad que ellos sostienen, insuficientes para completar el gran número que haría falta para desalojar a los bandidos. Una de las últimas gestiones fue solicitarle a la Ministro de Seguridad Nacional Nilda Garré, la ayuda de una cantidad de personal de la policía bonaerense. La respuesta fue totalmente negativa y giró a la justicia esa responsabilidad.

La Ministra de Seguridad con toda indiferencia hizo referencia que ese asunto lo manejaba la Corte Suprema de Justicia. Es increíble que no esté informada que la Corte Suprema de Justicia no ha obtenido que su disposición de desalojar a los bandoleros tenga cumplimiento, hecho gravísimo, impropio de una democracia republicana. Evidentemente el respeto y la armonía que debe reinar entre el gobierno nacional que legalmente le corresponde gobernar para todos los argentinos y no solo para los partidarios, no proceda acorde con la ley.

Cuando hay actitudes insólitas que emanan del gobierno, nos preguntamos ¿Qué es un gobierno en la república democrática? Atendiendo a una respuesta concreta debemos reconocer que el gobierno es el conjunto de las instituciones políticas mediante las cuales se ejerce autoridad: se dicta la ley, se la interpreta y aplica, y finalmente se la ejecuta. De ahí que el gobierno republicano o gobierno creado por la Constitución está constituido por tres poderes o ramas funcionales: dos poderes políticos, que son el Legislativo y el Ejecutivo; y, un poder jurídico que es el Judicial. Esos tres poderes ordinarios del gobierno emanan de la Constitución creada por el poder constituyente y tienen el carácter de poderes constituidos, en consecuencia, su poder y funcionamiento están subordinados a los preceptos constitucionales. En esto se funda la supremacía de la Constitución como creadora del orden jurídico. Ella, como se ha reconocido jurídicamente, traza el círculo máximo dentro del cual se mueve la voluntad política de la Nación expresada mediante los poderes ordinarios o constituidos. Dentro de ese ámbito forman círculos concéntricos en orden jerárquico tales como la ley, dictada por el Poder Legislativo para reglamentar los poderes, los preceptos de la Constitución y el decreto del Poder Ejecutivo que reglamenta la aplicación de la ley –opinan los constitucionalistas.

El Poder Judicial es el poder de este ordenamiento jurídico. Por eso puede declarar inconstitucionalidad y anular los efectos de una ley o de un decreto contrario a la Constitución, como así mismo puede declarar la ilegalidad y anular también los efectos de un decreto contrario a la ley.

El gobierno no debe ser personalizado aunque se llame gobernantes a los mandatarios que ejercen las funciones correspondientes a los tres poderes antes indicados. Además no se puede llamar gobierno a un solo poder porque es la unidad indivisible de las tres ramas que ejercen autoridad.

En nuestro país, la cúpula gubernamental y los funcionarios han caído en la corruptela de suponer que el “gobierno” es el Poder Ejecutivo y que ese Poder es el gobierno. No recuerdan para nada que los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial forman el gobierno de una república democrática.

Un caso que clama al cielo como es la impertinencia y el desconocimiento del derecho ajeno, es entre otros gravísimos hechos, el provocado por las bandas de los “ocupas” que han usurpado con toda alevosía los departamentos adjudicados y que los destinatarios pagan sus cuotas mes a mes. Familias enteras (que tienen casas) se han instalado en viviendas por estrenar por sus legítimos propietarios.

El gobierno de la Ciudad autónoma de Buenos Aires ha reclamado que se retiren sin emplear violencia; recurren, además, a todas las formas de persuasión para que se vayan los intrusos. El juez ha fallado a favor de los legítimos propietarios. Pero como las fuerzas del orden en número y disposiciones terminantes no pueden desalojar a los ocupantes ilegales que desde lo más alto del Poder Ejecutivo los apoyan dando el peor ejemplo de conducta, resulta imposible cumplir con lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia. A punto tal que la Ministra de Seguridad, Nilda Garré, funcionaria también de una oficina que tiene como función la seguridad se declara como colaboradora de los “ocupas” al negar la participación de las fuerzas metropolitanas. Solo resta pensar que esta conjura con violación de la ley y de lo dispuesto por otros poderes de la república democrática resulta una burla cuyas consecuencias son imprevisibles.

A esta altura uno se pregunta ¿Y si en vez de ocupar las bandas los departamentos y predios cuyos legítimos dueños han sido desplazados, se instalan en un hotel de la señora presidente; o bien, en los departamentos que tiene en Puerto Madero los funcionarios del gobierno?

Si seguimos con esta pregunta, ¿Ocuparán las residencias particulares procediendo con la misma indiferencia los que se arrogan hoy las funciones de los tres poderes sin respeto porque han personificado el gobierno, pues éste, además, desconoce que no se puede llamar gobierno a un solo poder, desconociendo a los otros poderes que tienen autoridad?

El gobierno nacional debe colaborar y tiene el deber y obligación de respetar en su misión específica a cada uno de los tres poderes armonizados mediante las normas jurídicas que fundamentan y caracterizan el perfecto Estado de Derecho que es la república democrática. En la república democrática ningún poder es ilimitado.

El perfecto Estado de Derecho consiste en que la organización política de la sociedad reposa sobre normas fundamentales cuyo empeño es no ejercer una voluntad arbitraria y personal y su autoridad reside en la ley y no en el atropello a al derecho de los demás.

No se debe emplear la palabra Derecho como sinónimo de poder, atribución o facultad. El Estado tiene “poder”; una rama del gobierno tiene “facultad”; un individuo particular tiene “derecho” cuyo interés se manifiesta dentro de la convivencia mediante el ejercicio de los derechos que le pertenecen, bajo la protección social de la autoridad que emana de la ley.