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Modelo económico "K" : La oposición apuesta a las contradicciones
Por José Calero

Fuente: La Nueva Provincia

Inflación, maraña de subsidios, presión tributaria y estatismo creciente serán el caballito de batalla de quienes pretenden arrebatarle el poder a Cristina Fernández.





La inflación, el "festival" de subsidios, el atraso en el tipo de cambio y el creciente estatismo emergen como temas clave que la oposición espera capitalizar en la campaña electoral de cara a las presidenciales de octubre.

La elección de Javier González Fraga como compañero de fórmula de Ricardo Alfonsín da algunas pistas sobre la importancia que las cuestiones económicas podrían tener en la estrategia electoral de los partidos opositores.

González Fraga, ex titular del Banco Central al principio del gobierno de Carlos Menem, es un economista que se nutre en el desarrollismo, pero a su vez es respetado por un establishment al que le agradaría un menor intervencionismo del Estado.

A su vez, el ex viceministro de Economía Jorge Todesca viene trabajando fuerte con Eduardo Duhalde y su flamante Unión Popular, mientras que Alfonso Prat-Gay --también ex titular del Central-- le da letra a la Coalición Cívica, y Ricardo Delgado a Francisco De Narváez.

Roberto Lavagna, otrora candidato presidencial, es quien tal vez cuente con mayor capital, por haber protagonizado la recuperación económica iniciada en el gobierno de Eduardo Duhalde y consolidada en los primeros años de Néstor Kirchner, pero aún no se enroló con ninguna fuerza opositora, aunque se lo ve cercano tanto a Alfonsín como a Duhalde.

Son numerosos los economistas que se están alineando con la oposición, a partir de la coincidencia en que el modelo necesita cada vez mayores ajustes.

Así, a pesar de que la economía, según la presidenta Cristina Fernández, crecerá este año por encima del 6%, y de que las principales variables parezcan estar bajo control, al menos en lo que resta del año, los partidos opositores esperan capitalizar las contradicciones que empieza a mostrar el modelo.

La principal está vinculada con el costo de vida, un problema que sigue creciendo, a pesar de los malabarismos que realiza Guillermo Moreno desde la secretaría de Comercio Interior.

Moreno ya dio algunas señales a sus íntimos de que su futuro tiene plazo fijo y de que el 10 de diciembre próximo, aunque Cristina logre su todavía no oficializada meta de obtener la reelección, dejaría el cargo.

"Es tiempo de dar paso a los jóvenes, ya hicimos todo lo que pudimos", se le escuchó decir a Moreno en una de sus habituales reuniones con cámaras empresarias.

Antes, está decidido a concretar su "último servicio" al gobierno, tratando de frenar la persistente escalada de precios.

Autorizó aumentos en decenas de productos clave de la canasta familiar, pero avisó a los fabricantes que hasta después de las elecciones del 23 de octubre ni siquiera intentaran nuevos ajustes, porque no los permitirá.

La inflación viene licuando los ingresos de los asalariados, pero en especial los de quienes trabajan en negro o están desempleados.

En el sector formal apenas se disimula por la carrera entre precios y salarios desatada hace más de dos años. Pero con precios y salarios ajustándose al 30% anual es imposible consolidar un modelo de crecimiento sustentable, y menos alcanzar el desarrollo.

Otro punto débil de la economía es la catarata de subsidios, cada vez más abundante, que según estimaciones de Ecolatina llevará esos fondos controversiales a 70.000 millones de pesos este año.

González Fraga adelantó que el radicalismo impulsará profundos cambios en el régimen de subsidios vigente, al que calificó de "despilfarro total".

Puso como ejemplo las compensaciones a las tarifas de energía que "terminan beneficiando a ciudadanos que están en condiciones de pagarla y son los que más consumen".

"El 70% del subsidio que hoy tenemos para los alimentos, que ronda los 12.000 millones de pesos anuales, va a parar al 30% del sector más rico de la sociedad", precisó también González Fraga.

Desde la Unión Popular de Duhalde y Mario Das Neves, y desde Unión Celeste y Blanco, el partido de De Narváez, vienen alertando, además, sobre el creciente "estatismo" que evidencia el gobierno.

Durante el kirchnerismo habría aumentado en un millón la cantidad de empleados públicos entre la Nación y las provincias, sin que los servicios de seguridad, salud y educación hayan evidenciado grandes mejoras.

Inseguridad, hospitales públicos al borde del colapso y escuelas paralizadas forman parte del paisaje cotidiano en distintos puntos del país.

La conflictividad social es otro punto de controversia: el gobierno dejó paso a la acción directa como metodología de protesta y ahora sectores importantes de la sociedad parecen haber cristalizado ese mecanismo de reclamo, dejando de lado canales institucionales que, si bien no siempre dan respuesta en tiempo y forma a los reclamos, parecen ser los más adecuados.

La presión tributaria alcanzó niveles récords este año, con impuestos distorsivos que desalientan el blanqueo de la economía, en lo que constituye otro síntoma del mayor intervencionismo estatal que la oposición parece dispuesta a no dejar pasar.

La estatización de Aerolíneas Argentinas y del sistema de jubilaciones fue apoyada por sectores de la oposición, y así pudo ser aprobada en el Congreso.

Pero ahora existen fuerte dudas sobre cómo se están administrando semejantes recursos.

La aerolínea de bandera, por caso, está controlada por los jóvenes funcionarios de "La Cámpora", que no logran hacerla remontar.

Los mismos interrogantes surgen sobre la multimillonaria Anses, sobre cuyos fondos administrados comenzarán a poner la lupa varios legisladores de la oposición.
El organismo que comanda Diego Bossio viene demorando el pago de decenas de miles de sentencias a favor de los jubilados, y allí también la oposición pretende apuntar sus cañones.