EL GOBIERNO PREPARA
DETENCIONES DE CIVILES
Dentro de pocos días y en coincidencia con un agravamiento del conflicto desatado contra el campo, el gobierno tiene previsto la detención de numerosos civiles que actuaron en el plano público durante la década de los 70 y con posterioridad al 24 de marzo de 1976.
La lista ha sido confeccionada casi en su totalidad y la idea es darle un carácter no sólo persecutorio por la pertenencia de quienes serían detenidos cómo integrantes de un "estado represor y genocidas", sino que es posible que se quiera ir más allá como medida desesperada frente a una debacle generalizada del kirchnerismo.
Entre los primeros a ser detenidos están los integrantes de la Cámara Federal que legalizó la lucha contra el terrorismo de esos años y presidió el destacado abogado Jaime Smart y también quienes fueron integrantes del gobierno que dirigió el general Saint Jean, igualmente de brillante trayectoria en lo profesional y personal.
Entre otras cosas, el objeto de hacer coincidir esta persecución con el conflicto agropecuario al que se quiere dimensionar presionándolo para que se renueven los cortes de ruta y crear la imagen de que existe un amplio proyecto conspirativo que es "la causa real de los problemas que surgen a diario, incluyendo los financieros" que, dicho sea de paso, podrían eclosionar dentro de unos quince días o a fin de mes al agotarse la capacidad de distribuir recursos entre los activistas pagados por el gobierno.
Esta afirmación, recogida en el seno del oficialismo sería mucho más ambiciosa todavía pues se daría intervención - de hecho ya la ejerce - al actual embajador en los Estados Unidos, Héctor Ti, cuya función principal es la de afianzar contactos con la izquierda norteamericana y dentro de lo posible con funcionarios norteamericanos vinculados con determinados intereses, para que se hagan eco de esta maniobra. Al respecto cabe recordar que hace unos días salió una breve declaración del presidente Georges Bush para ponderar la prisión y condena de militares argentinos que no tuvo mayor difusión ni tampoco fue reiterada, pero que sería utilizada para integrarla con lo que comentamos. Timerman fue quien la diligenció con su pliego de embajador en la mano.
Los intereses que citamos buscarían el afianzamiento del gobierno a los efectos de generar o participar de determinadas finalidades económicas. La dimensión que podría alcanzar este asunto está determinada en parte por los funcionarios y personas vinculadas al entorno del matrimonio presidencial, además de Timerman. Por ejemplo, la denuncia estaría a cargo del abogado Ramos Padilla quien pese a carecer del prestigio necesario para respaldar un acto de esta naturaleza (digamos que cualquier acto) bien puede apretar ciertos nudos que lo faciliten. Entre los funcionarios del gobierno central que intervendrían directamente, están el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luís Dhualde (nombre de guerra "Damián") y su subsecretario Rodolfo Mattarollo (nombre de guerra "Raúl"), un hombre que dedicó su actividad en Europa durante el gobierno militar, a enlazar conexiones periodísticas para montar un gran aparato de propaganda.
Si este paso se concreta es lógico pensar que su relación con la protesta del campo tendrá a su vez otras derivaciones, por lo que cabe esperar que sumado a la escasez de combustibles, la imparable inflación, el desabastecimiento que comienza a manifestarse y la inseguridad desatada, este mes de mayo se desarrolle cargado de peligrosas novedades.
Carlos Manuel Acuña
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