EL ATRILERO

LOS INTOCABLES

Así llamó la prensa de Chicago al grupo de agentes federales capitaneados por Eliot Ness, que entre 1927 y 1931 se dedicaron con especial ahínco a perseguir y capturar al mafioso Alphonse "Al" Capone. Batallando contra funcionarios, policías, empresarios, legisladores, ciudadanos y jueces amenazados y coimeados por el gángster más famoso en la historia de los Estados Unidos, los insobornables –de ahí el apodo de “intocables”– federales consiguieron que “Scarface” (cara cortada) fuera llevado a juicio y condenado a once años de prisión por evasión de impuestos, ya que no lograron que se lo sentenciara por contrabando de alcohol ni por los innumerables crímenes cometidos.

En la Argentina del tercer milenio, en cambio, los intocables son aquellos personajes íntimamente ligados al poder político y sindical que, a diferencia de Ness y sus hombres, demuestran una conducta venal, reprochable y frecuentemente asociada a hechos de corrupción, que quedan impunes gracias al manto de protección tendido desde las más altas esferas.

Entre esos intocables se encuentran desde hace mucho tiempo, y muy especialmente desde la llegada de los Kirchner a la presidencia en 2003, los supuestos defensores de los “derechos humanos”: Hebe de Bonafini, Estela de Carlotto, Eduardo Luis Duhalde, Horacio Verbitsky, Esteban Righi y una larga fila de seguidores.

Tras la salida a la luz de los negociados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y su plan de viviendas populares, diversos funcionarios se han acercado a los medios de comunicación para defender lo indefendible y sostener a la titular de Madres a cualquier costo.

La delantera más repudiable la lleva el canciller Héctor Timerman, quien acusó de “malparidos” a los argentinos que se atreven a dudar de la honestidad de Hebe de Bonafini. Por su parte, el ministro de obras públicas Julio De Vido, desde cuya oficina se giraron las millonarias cifras a la constructora Meldorek obviando cualquier control, ratificó su “plena confianza” en la cuestionada señora y confirmó que el ministerio a su cargo seguirá sosteniendo el proyecto habitacional de ensueño.

Tal vez una de las voces más sorprendentes que se alzaron en defensa de Bonafini ha sido la del sacerdote jesuita Rafael Velasco, rector de la Universidad Católica de Córdoba que en su columna de los jueves (el mismo día que las Madres hacen su ronda en la plaza), en el matutino más importante de La Docta, se despachó la semana pasada con una cerrada apología de Hebe Pastor y su organización de pañuelos blancos. Velasco culpó “a algunos medios de comunicación” y a “sectores recalcitrantes” que persiguen “intereses no siempre democráticos” de los ataques a las Madres, insistiendo en que no hay que perseguirlas por este escándalo de corrupción porque ellas llevaron a la cárcel a los militares genocidas que vencieron al terrorismo de los años 70.

Es decir que desde los propios círculos del poder se estimula la idea de que hay ciudadanos que están por encima de cualquier norma, en clara contradicción al espíritu de nuestra sabia Constitución Nacional, que en su artículo 16 establece que todos los habitantes de la República somos iguales ante la ley.

Estas voces, como todas las que han tratado de despegar al gobierno nacional y a los directamente implicados en esta monumental estafa a la buena fe y al bolsillo de los argentinos, adquieren así diversas figuras penales, tales como cómplices, partícipes necesarios y encubridores de este delito de corrupción que no debe quedar impune.

Y, a diferencia de lo sucedido con el juez y los integrantes del jurado que condenaron a Capone y cuyos nombres no quedaron salvados por el bronce, la sociedad debe exigir que la justicia de nuestro país actúe en forma rápida y eficiente, de modo que pueda salvar en el mármol los nombres de aquellos valientes que impidieron que, de ahora en adelante, en la Argentina haya ciudadanos intocables.

© Raquel E. Consigli y Horacio Martínez Paz
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