PLATA AJENA

Un escándalo de proporciones hizo eclosión en estos días en Buenos Aires, alrededor de la ONG de las Madres de la Plaza de Mayo. El que ha quedado señalado como principal responsable de lo que se presenta como un enorme fraude es su apoderado, el parricida Sergio Schocklender, a quien curiosamente, la Asociación lo eligió para el cargo al salir de la cárcel, a pesar de que tanto él, como su hermano, habían sido condenados a perpetuidad. Aunque el principal acusado es Shocklender, al menos por ahora, la opinión pública cuestiona duramente el accionar del gobierno, pues lo que trasunta este desquicio, no solo por las maniobras del administrador y sus cómplices, que de seguro las hay, es un intolerable descontrol en el manejo de los recursos fiscales. Dinero que no lo genera el gobierno sino que proviene de la gente; de los impuestos que se les cobran a unos y otros.

La preocupación sobre cómo se gasta y se utiliza la recaudación, no es privativa de los argentinos sino de cualquiera, los orientales incluidos, y en nuestro país hay sobrados motivos para inquietarse. Desde que el Presidente Mujica y los técnicos de la OPP se lanzaron con una nueva propuesta impositiva que no es de recibo, ni siquiera para su vicepresidente o el ministro de Economía, hasta el alarmante espectáculo de una burocracia que aumenta día a día, con el continuo ingreso de empleados, recayendo ese peso sobre los contribuyentes y la producción. En lo más alto del poder se justifican las ansias recaudatorias con el argumento de que no hay plata. En un país que en el 2011 crecerá, de acuerdo al Ministerio de Economía, un 6,5% % y donde el presupuesto se hizo en base a un 4%, lo que arroja una diferencia de 2,5% a los valores actuales del dólar y precios domésticos, (dixit Isaac Alfie), equivalente a unos 350 millones de dólares. Algo que lleva a preguntarse, con razón, adónde se fueron.

Dentro de la abundante masa de dinero que dispone la Administración Mujica, figura lo que se destina a las políticas sociales a través de numerosas vías. Tras expresar repetidas veces que la vivienda era una de sus prioridades, si bien existe un ministerio expreso para esos asuntos, el Mvotma, el Ejecutivo por decreto creó con ese fin un programa llamado Plan Juntos, el 31 de mayo de 2010. En la misma fecha, con otro decreto se integró una numerosa comisión para dirigirlo.

A su vez, el proyecto de ley para legitimar dicho plan ingresó a la Cámara de Senadores el 29 de diciembre del 2010 y desde entonces, se encuentra en la comisión de Vivienda que preside la senadora Topolanski, sin haber sido ni tratado en sala, ni aprobado. Ante esta situación, la senadora del partido Nacional, Ana Lía Piñeyrúa, ha pedido informes tanto al Ministerio de Economía como al Mvotma y al de Desarrollo Social, dado que "llama la atención que el plan esté operativo, tenga cuentas en el BROU, reciba donaciones, contrate funcionarios y ejecute obras, (pocas a pesar de todos los titulares que provocaron los anuncios), sin marco legal y sin ninguna participación de los órganos de control del Estado".

Luz amarilla que se acentúa al tenerse noticia a través de un matutino, que el Canciller Héctor Timerman de Argentina confirmó que el convenio que las Madres de la Plaza de Mayo firmaron para vender sus viviendas en Uruguay, seguirá contando con el apoyo de su gobierno. A su vez, se informa que el subsecretario del Mvotma, Jorge Patrone, aseguró que la Asociación entregó 15 viviendas al Estado uruguayo como muestras. Se trataría de una construcción de "obra seca" con placas prefabricadas. Seguramente las que produce la empresa de Schocklender.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas, acaba de observar el acuerdo entre Presidencia y la CND para que este organismo sea el encargado de administrar el dinero transferido para financiar el plan Juntos, de acuerdo a la ley 18.602, del año 2009. La Presidencia posiblemente reiterará su postura y prevé
transferir a la CND $ 60 millones por año. "Cosa veredes Sancho".

El País Digital