RAREZAS

Es costumbre arraigada denominar "raro" lo que no se entiende. Así, uno percibe que en la Argentina se vive en medio de interpretaciones forzadas. Eso lleva a la existencia de una auténtica legión de "rarezas", cuando en rigor de lo que se trata, estando en el poder un gobierno de signo peronista, es de la aplicación lisa y llana de un principio rector de ese movimiento: el pragmatismo. Es decir: la capacidad de adaptarse a la realidad. Sin rubores. Lo que lleva, por ejemplo, a recibir con honores a un dictador acusado de violaciones a los derechos humanos, el presidente de Guinea Ecuatorial, y luego criticarlo por radio y televisión en el acto de suscripción de importantes acuerdos económicos y comerciales. O saltar del odio (que no es odio) al amor (que no es amor) en la relación con los Estados Unidos, sin dilucidar ante la opinión pública los motivos ocultos de un episodio (el de la valija "chavista" con 800.000 dólares, entrada ilegalmente al país en un avión contratado por el Estado) por el cual se pasó de la casi ruptura al trabajo fructífero con restablecimiento a pleno de los contactos diplomáticos y legislativos y tareas coordinadas en materia de defensa y lucha contra el terrorismo.
La construcción política, con Cristina Fernández en la Presidencia y su esposo, el ex mandatario Néstor Kirchner, tratando de "evangelizar" el Partido Justicialista, se detuvo en el análisis de la posibilidad de ir produciendo algunos cambios en áreas vitales, manejadas por funcionarios a los que se cuestiona no sólo desde la oposición sino también desde dentro de la administració n K. Dos de ellos son el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, atacados abiertamente por la principal líder opositora, "Lilita" Carrió (a quien le acaba de entablar un juicio por calumnias el titular de Justicia, Aníbal Fernández), y en forma solapada por su adversario interno, el jefe de gabinete Alberto Fernández.
Desde algunos sectores, incluso, se alimentaron versiones de sustituciones en marzo para ir dando respuestas a la sociedad y dar más cabida a los radicales K, molestos en reserva por la mezquina participación que se les concedió en la Nación tras el servicio electoral prestado el 28 de octubre.
"De Vido está más firme que nunca", aseguró a "Río Negro" una alta fuente oficial, el miércoles. Ocurrió cuando el Senado le daba media sanción a la ley que promueve inversiones en bienes de capital y obras y que da continuidad a incentivos aprobados en el 2004, durante el ejercicio ministerial de Roberto Lavagna, el peronista que fue candidato de la UCR oficial en el 2007 y ahora volvió al PJ, para reorganizarlo desde una posición minoritaria subordinada a Kirchner.
"Si lo sacan a De Vido no hay gestión pública. Es el gran ejecutor, el que resuelve todos los problemas", mencionó a "Río Negro" uno de los interlocutores de Kirchner, tras salir de las oficinas de éste, en Puerto Madero.
Si en algún momento se pensó en mellar la influencia de "Don Julio", se revirtió muy rápido. Ese miércoles, el joven ministro de Economía, Martín Lousteau, explicó a los senadores, encabezados por Julio Cobos, Miguel Pichetto y Eduardo Fellner, que la autoridad de aplicación (de 1.200 millones de pesos) recaería en su cartera. La Cámara alta, obediente al Ejecutivo, convalidó el planteo y procedió con más celeridad que un tren bala en funcionamiento. Pero en la Casa Rosada , se resolvió después modificar un inciso del artículo 13 de la ley cuando pase a Diputados, para que las exenciones impositivas queden finalmente bajo la órbita de De Vido. La Cámara baja deberá proceder en consecuencia y luego el Senado deberá volver sobre sus pasos para satisfacer la orden de la presidenta Cristina Fernández. En definitiva, seguirá vigente el sistema aplicado durante el mandato de Kirchner quien, a través de De Vido ("el cajero", según la cruda definición de "Lilita" Carrió), se reservaba la última palabra tras las instrumentaciones formales adoptadas por los entonces ministros Felisa Miceli y Miguel Peirano.
Cristina tuvo que enfrentar, además, a los asambleístas de Gualeguaychú, que insisten en boicotear las tareas en la planta Botnia, en la vecina localidad uruguaya de Fray Bentos. Distintas fuentes definieron como tensa a la reunión, aunque la primera mandataria, a pesar de que había anticipado que sería "una locura" desconocer un fallo del Tribunal Internacional de La Haya , trató de moverse con extrema delicadeza.
Los ambientalistas no se fueron muy conformes: la presidenta mantuvo el precepto de que se trata de una "causa nacional", no obstante lo cual insistió en que estaba en contra de los cortes de ruta y en que no hay sustento jurídico para aplicar sanciones comerciales contra Botnia.
Ya "Río Negro" anticipó que el gobierno "está en un brete". De ninguna manera reprimirá. Su estrategia es apostar al desgaste de los manifestantes, que se fueron poniendo a la opinión pública nacional en contra por el trato discriminatorio a quienes quieren circular libremente por las rutas o los piquetes molestos en Entre Ríos y en el puerto de Buenos Aires, en proximidades de la empresa naviera que hace el cruce al otro lado de la orilla.
"La imagen de la fábrica de papel puede ser brutal a la vista, pero ante el hecho consumado planteado por Uruguay -expuso un funcionario- de lo que se trata es actuar con la mayor racionalidad posible y crear una comisión que se encargue de cuidar la calidad ambiental del río".

ARNALDO PAGANETTI
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