VIROLA INVESTIGADA

LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA A ALICIA KIRCHNER

Buenos Aires - La Oficina Anticorrupción (OA) abrió una investigación para revisar cómo otorga sus subsidios el Ministerio de Desarrollo Social, con qué criterios de evaluación y con qué controles. Lo hizo después de que la cartera que conduce Alicia Kirchner (foto), la cuñada de la Presidenta, se negara a mostrar los padrones de beneficiarios de casi un millón de planes sociales.

Luego de que en el Ministerio de Desarrollo Social se negaran a dar información sobre cerca de un millón de planes sociales, la Oficina Anticorrupción (OA) ha decidido investigar la forma en que la cartera comandada por la cuñada de la presidenta Cristina Fernández, Alicia Kirchner, hace entrega de los subsidios y como los evalúa y los controla.

La investigación de la OA responde a un reclamo efectuado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), que en octubre de 2007 no logró que el ministerio le proporcionara los datos de 983.746 subsidios otorgados durante los últimos dos años a personas de bajos recursos y 3977 destinados a instituciones de ayuda social.

En un dictamen del 6 de febrero, el organismo que dirige el fiscal Abel Fleitas Ortíz de Rozas aseguró, según consigna La Nación, que el accionar de la cartera de Desarrollo “vulnera el derecho de acceso a la información pública, que es un derecho humano fundamental, no una concesión graciosa otorgada por el Estado a sus ciudadanos”.

Además de la falta de información, la OA cuestionó el sistema de otorgamiento de subsidios y de evaluación y control de la inversión social realizada por el ministerio. Kirchner, por su parte, aseguró ayer en declaraciones a la prensa que la política social que encara el Gobierno "ya no responde a caudillismos, partidismos o asistencialismo".

La cartera de la hermana del ex presidente cuenta con uno de los presupuestos más importantes del Estado. Este año contará con 7.569 millones de pesos, 1511 millones más que el 2007 y más del doble de lo presupuestado para 2006.

El 29 de octubre pasado, el Cippec presentó su denuncia ante la OA invocando el decreto 1172/03 de acceso a la información, dictado por Néstor Kirchner. Se trata de una norma que garantiza a los ciudadanos la obtención de datos públicos que están en la órbita del Poder Ejecutivo.

El Ministerio de Desarrollo Social se había negado a entregar la información basado en que se trataba de datos protegidos por la ley de hábeas data. Adujo que eran "cuestiones íntimas, generalmente vinculadas con necesidades económicas o cuestiones de salud que no pueden ser suministradas sin violentar el derecho al honor y privacidad de los involucrados".

Para la OA, estos argumentos no son suficientes. "En materia de derecho de acceso a la información pública, la accesibilidad es la regla y la restricción, la excepción", dice el dictamen, que lleva la firma de Leopoldo Giupponi, funcionario de la OA.

"No basta una referencia genérica, abstracta e hipotética a la potencial afectación de los derechos a la intimidad y al honor de las personas beneficiadas [...]. Es preciso demostrar de qué forma concreta el acceso a tal documentación provocará un daño o perjuicio en el derecho a la intimidad o el honor de los titulares de los datos personales", advierte el documento.

Según este dictamen, la presunción de que la sola difusión de estos datos genera un daño "podría obedecer a una concepción despreciativa y discriminatoria respecto de los beneficiarios de los planes. "Semejante concepción, que discrimina y estigmatiza a las personas por su condición económico-social, debe ser enfrentada por otra que valore la condición humana", sostiene.

Como consecuencia de este documento, el director de Planificación de Políticas de Transparencia dictó la resolución en la que ordenó investigar cómo se entregan los planes y dispuso que fueran notificados de lo observado el Ministerio de Desarrollo Social, el Cippec y la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, que dirige Marta Oyhanarte, para que "actúe en ejercicio de sus competencias específicas".

La directora del área de Transparencia del Cippec, Victoria Pereyra Iraola, dijo que insistirán en su reclamo y que esperan que Oyhanarte se pronuncie en el mismo sentido que la OA. "La experiencia ha demostrado que en los programas sociales la transparencia es una herramienta fundamental para prevenir el clientelismo y la corrupción", sostuvo.

Como el decreto de acceso a la información no fue reglamentado, no existe un procedimiento previsto para obligar a la administración pública a cumplir con sus disposiciones. No obstante, hubo casos en que la Justicia intervino para obligar a los funcionarios a brindar información.
FTE. CRÓNICA Y ANÁLISIS