RETENCIONES................

EL VERDADERO DEBATE POR LAS RETENCIONES



Por el Dr. Enrique Blasco Garma,





El gobierno y los productores rurales están enfrentados por los impuestos a las exportaciones.

No pueden sorprenden las visiones discrepantes, que son naturales. Pues, por definición, los

individuos poseen información e ideologías distintas. Justamente, el progreso consiste en

aprender del otro, consensuar y coordinar las actividades que consigan los resultados más

valiosos. Así, es necesario admitir que las disputas sobre los tributos son una faceta esencial de

las sociedades. A lo largo de la historia, los hombres discutieron el peso de los impuestos y la

extensión de los programas públicos. En todo el mundo, estallaron luchas en reacción a mayores

tributos.

La Carta Magna inglesa, de 1215, instituyó un medio para zanjarlas, resultado de esas luchas.

La guerra por la Independencia de los EE.UU. se inició con la pretensión inglesa de poner un

pequeño tributo a las importaciones de té. La Revolución Francesa nació de la convocatoria del

rey Luís XVI al Parlamento (los Estados Generales), para conseguir el aumento de los

impuestos. En ese tiempo, el rey absoluto carecía de poder suficiente para decidir mayores

impuestos. De tal modo, la civilización ha ido progresando, estableciendo límites al gobierno,

formas de canalizar iniciativas y el principio de que no hay impuestos sin la previa sanción del

parlamento. La Constitución de los EE.UU. y la argentina confirman que no puede haber

tributos sin la previa sanción del Congreso y de acuerdo con pautas justas, para evitar la

discriminación, la expropiación y otros daños innecesarios.

Estamos frente a uno de esos raros momentos históricos en que las sociedades debaten

cuestiones fundacionales. La pugna por las retenciones a las exportaciones interesa a todos. Se

trata de marcar los límites a la capacidad de imponer y de gastar del estado, cuando la presión

tributaria ya es la mayor de la historia. Nadie puede desconocer que el gobierno fue elegido

legítimamente. Pero las autoridades deben aceptar que su mandato tiene los límites y fuerza que

fija la Constitución, que juró sostener y respetar. Por eso, los impuestos deben cumplir los

requisitos establecidos para ser legítimos. La Constitución prohíbe al Congreso otorgar

facultades extraordinarias al Ejecutivo, "ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la

vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna.

Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los

formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria".

La Nación ya había sufrido tales actos con Rosas y los constituyentes querían evitar su

repetición.

La primera facultad que la Constitución reconoce al Congreso es "legislar en materia aduanera.

Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones

sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación". Ahora, la primera concesión que el

Ejecutivo ofrece es que los derechos de exportación sean diferentes, en la práctica, según a

quien se apliquen, en abierta violación del art. 75 de la Constitución.

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Es contrario al progreso estar sujeto a cambios continuos e injustificados de reglas de juego.

Azuzar el antagonismo y las divisiones conspira contra la confianza necesaria en los procesos

sociales. El desarrollo consiste en superar los antagonismos y encontrar intereses comunes,

negociando conflictos y valorizando los derechos individuales. La súbita imposición de nuevos

gravámenes, sin la amplia discusión, confrontación de opiniones y procedimientos que exige la

democracia, es totalmente inconsulta. Hacerlo al final de la cosecha, conlleva indudables efectos

retroactivos, conculcando derechos adquiridos.

Por otro lado, el nivel de vida de los países depende de la productividad, de los esfuerzos que

cada uno pueda hacer para aumentar el tamaño de la torta, el producto total. Para ello, la gente

debe estar debidamente incentivada. Al imponer tributos desproporcionados al sector

agropecuario más eficiente del mundo, fuente de grandes ventajas competitivas y columna

vertebral de la economía nacional, los incentivos se confunden. Se resiente el futuro de los

argentinos, repitiendo errores del pasado. La recuperación económica, a partir de 2003, estuvo

fogoneada por los precios agrícolas y avances de la eficiencia del sector, que se distribuyen por

toda la sociedad. En los primeros dos meses de 2008, el complejo agropecuario, junto con la

agroindustria, aportó el 60% de las exportaciones.

De acuerdo al Departamento de Agricultura de EE.UU., ese país es el principal productor de

oleaginosas, con 80 millones de toneladas. Le siguen Brasil, 64 millones, China, 54 millones,

Argentina, 52 millones, y la India, 34 millones. La producción mundial 2007/2008 sería de 390

millones, una reducción respecto de los 408 millones de la campaña 2006/2007. Argentina

también produce todos los bienes agrícolas que necesita. A modo de ejemplo, la cosecha de

maíz será de 21,5 millones de toneladas y el consumo interno apenas 6,5 millones. Se cosechará

15,5 millones de toneladas de trigo y sólo se consumirán internamente 5,5 millones. Nos sobra

capacidad productiva para proveer todos los bienes agropecuarios que necesitamos, siempre que

los incentivos estén enfocados.

Argentina es el más eficiente productor agropecuario del mundo. Es el principal exportador de

sorgo, un millón de toneladas, también producimos en exceso arroz, hortalizas, frutas, leche y

sus derivados y muchos otros bienes, por la calidad de la tarea de nuestros hombres de campo.

No hay posibilidades que la soja nos deje sin los otros productos que necesitamos, a menos que

se establezcan obstáculos innecesarios a esas producciones. Como con la energía, donde la

intervención estatal traba el suministro fluido. Siempre los empresarios comparan el costo de

producir con los ingresos. Si algún bien faltase, se lo produciría localmente o se lo importaría.

Las tensiones por las retenciones ya van costando demasiado. Aceptar que el último aumento no

guarda las garantías de procedimiento necesarias, y dejarlo sin efecto, traería tranquilidad,

reestableciendo el trabajo en los campos y el sentido de justicia. Además de los quebrantos de

producción, horas de trabajo, camiones y barcos parados, carestías, perdemos ingresos por la

menor confiabilidad de los proveedores argentinos. Argentina no es la única que dispone de

tierras; muchos productores se han volcado a Uruguay y Brasil, que no castigan las

exportaciones.

En marzo, los exportadores de bienes agropecuarios liquidaron 260 millones de dólares menos

que en febrero. Normalmente, marzo debió haber generado mayores liquidaciones. Lo mismo es

verificable con la recaudación impositiva. La AFIP informó una recaudación de 17.700 millones

de pesos, en contraste con proyecciones de 20.130 millones de economistas privados, a

comienzos del mes.

El Secretario General de las Naciones Unidas advirtió sobre una crisis alimentaria creciente, en

el mundo, que está alcanzando niveles de emergencia y borrando los avances en la lucha contra

la pobreza. Que las autoridades argentinas desincentiven la producción de alimentos, en estas

circunstancias, cuestiona nuestra solidaridad con tantos necesitados en el mundo.
FTE. ATLAS