EL FISCAL DEL CASO MOYANO

Jorge DiLello. Fiscal federal
"La democracia es incompatible con la violencia"
IMPUNIDAD GARANTIZADA

El fiscal federal Jorge Di Lello fue nombrado en 1992 y juró un año más tarde. Desde entonces está a cargo de una fiscalía con doble competencia, según él mismo explicó, “en razón de materia y de grado”. De materia porque tiene competencia criminal en la Capital Federal y electoral federal y de grado porque resuelve para la primera instancia para Capital Federal y para Cámara. La entrevista con DiarioJudicial.com se hizo en su despacho del quinto piso de los tribunales de Comodoro Py. Consultado en relación con los conflictos que enfrentó, en estos casi 20 años, con los jueces, sostuvo que “algunos tuvieron que ver con una visión que todavía es remanente en los magistrados de manejo feudal del procedimiento”. Durante el reportaje, a Di Lello le sonó el teléfono celular una decena de veces. Con la radio de fondo, aseguró que tiene una relación “directa” en el “marco funcional” con el Procurador General Esteban Righi y dijo que no es “partidario” de los concursos pero sí de sistemas selectivos que permitan “prevenir las barbaridades”. En algunos portales de Internet se afirma que el hombre militó, en los años ’70, en el ERP y luego en Montoneros. DiarioJudicial.com quiso conocer su versión de los hechos.

-¿Cuál fue su participación política en los años ‘70?

-En los años ’70 formé parte de una agrupación peronista. Estuve detenido en la cárcel de Devoto entre abril de 1970 y mayo de 1971, acusado por la ley de terrorismo vigente en ese entonces. Uno de mis abogados fue el actual secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde. En esa época pensábamos que la democracia, debido a los sucesivos golpes militares, sólo debía conseguirse por las armas. Pero quisiera aclarar que cualquiera fuera el resultado de las elecciones del 11 de marzo de 1973 (N. de la R: en las que se consagró como presidente el candidato de Juan Domingo Perón, Héctor Cámpora) íbamos a dejarlas. Luego, durante los 7 años de dictadura me quedé en el país. Creo que la democracia es incompatible con la violencia.


- ¿Cómo se hace para armonizar el trabajo del fiscal con el del juez?

- Son trabajos distintos. Históricamente la función del fiscal y el juez se confundían porque el fiscal es una figura que va apareciendo a partir de que se quiebra la idea del juez como árbitro en la contienda de partes. Y la existencia del fiscal como parte global es porque en general, en el sistema penal, el interés es el de la sociedad y el fiscal representaría ese interés genérico de la comunidad que concurre con el interés de la víctima pero que no es de la propia víctima. De manera tal que en realidad esa tarea de diferenciación es un proceso de evolución. Por lo cual los conflictos que se dan no son tanto en el tipo de labor sino en dos sentidos. En primer lugar, por el espacio que el fiscal fue ocupando sobre todo a partir de la transformación del Código Penal del año 1992, que se quedó a mitad de camino en ser un sistema acusatorio porque se introdujeron leyes acusatorias pero el sistema no terminaba de serlo. A veces hay conflictos en orden a los espacios de poder que ocupan o por la visión con que quieren llevar el proceso. La lógica es llevarlo cada cual según el rol específico y según las facultades que el sistema que le da a cada uno y eso creó distintas soluciones, a veces más conflictivas y a veces no. Pero básicamente la relación es razonablemente buena. El segundo aspecto que se dio es que en todos los fueros no es lo mismo y si hay fricciones, algunas tienen que ver con las personalidades puntuales de los sujetos y otras con esa dinámica de que en realidad son roles en tránsito.


- ¿Tuvo conflictos con los jueces?

- Sí. Algunos tuvieron que ver con una visión que todavía es remanente en los magistrados de manejo feudal del procedimiento. En un caso era una elevación a juicio donde algunas situaciones personales no fueron tratadas porque se entendía que no tenían nada que ver con la causa y nos referíamos a personas que estaban en el procedimiento. Y el juzgado decidió declararlas nulas. Y cuando yo hice la explicación de por qué no lo había hecho, el Tribunal Oral consideró que lo que yo respondía era impertinente y pidió una sanción. Igualmente, es una situación minoritaria.


- Al ser un fiscal con competencia electoral, ¿cuál es su opinión sobre la reforma electoral sancionada por el Congreso el año pasado?

- No quisiera preopinar porque más temprano que tarde voy a tener que intervenir, pero creo que hay que tener en claro que un país no puede funcionar con un sistema político que permita la existencia de 700 partidos porque se torna inmanejable su desenvolvimiento de contralor. Supongamos que por el sistema D’Hont hubiera, sobre 146 diputados, un diputado por partido, sería ingobernable el sistema de representación o de decisión porque en el proceso de representación partidario en sistemas democráticos con democracias de representación por partidos, el límite de la capacidad ejecutiva. Y siempre una representación es limitada. La segunda cuestión es que me parece que había cosas que había que actualizar. La tercera, es que no hay que caer en sobredosis de regulación porque en definitiva no pueden resolver los jueces, ciudadanos como cualquier otro, un poco más específicamente informados o estudiosos, los problemas que son de otra naturaleza, la política. Con lo cual, a veces, la excesiva regulación torna un efecto diverso al que se quiere.


- ¿Cuál es su relación con otros fiscales?

- Hay muchos fiscales y de distinta naturaleza. Con los fiscales federales de Capital Federal son muy buenas porque somos vecinos (N. de la R: la mayoría tienen sus dependencias en los tribunales de Comodoro Py), con los del interior es más distante pero en general las relaciones son buenas.


¿Y con el Procurador General Esteban Righi?

Con Righi nos vemos entre dos y tres veces al año. Nos vemos esporádicamente en la medida en que funcionalmente sea necesario, ya sea por mi labor como fiscal o por mi cargo de vicepresidente de la Asociación de Magistrados en representación del Ministerio Público. Tenemos una relación laboral directa pero el Procurador no me llama para dar ningún tipo de instrucción que no sea sobre cuestiones formales o resoluciones.


- Qué opina sobre la polémica que se dio hace unos meses entre el titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por delitos de lesa humanidad, Jorge Auat, y la Defensora General, Stella Maris Martínez, por el rol de los defensores?

- Tengo pocas causas de Derechos Humanos y en general no he tenido ninguna situación que merezca ser destacada, sea por presencia o por omisión. Como tengo pocas causas no he tenido conflictos con las defensas ni tampoco acercamientos o alejamientos con la Unidad Fiscal que está a cargo de Auat. De todos modos, creo que es fundamental, aún en las peores hipótesis de derechos humanos, que el ejercicio de la defensa sea libre y ampliamente ejercido porque sino se borra con el codo lo que se pretende escribir con la mano.


- A menudo de habla de las presiones que se ejercen sobre los jueces, ¿existen tales presiones en el caso de los fiscales?


- En la vida cotidiana, las relaciones humanas están constituidas por tires y aflojes. Por lo cual me parece que no hay que rasgarse las vestiduras, aún en la hipótesis de que sucediera. Si sucede institucionalmente, deberá responderse. Y en el caso puntual yo creo que el que no está en condiciones de soportarlas o superarlas, no está en condiciones de ejercer la función. También hay presión mediática y de las partes.


- ¿Cómo ve los concursos en el Ministerio Público?


- En general yo personalmente no soy partidario de los concursos: ya hay una matrícula habilitante. Si soy partidario de sistemas selectivos que permitan prevenir las barbaridades que pasaron como el caso del fiscal ‘trucho’ que no tenía título o el caso de la jueza a la que le escribían los fallos. Propongo tener un sistema administrativo donde si una persona se quiere presentar a concurso, se haga un ranking en el que se evalúe si escribió libros, si tiene sanciones en el Colegio Público, cómo se lleva con los vecinos, si le revocaron fallos, si dejó de cumplir con los procedimientos. Y eso es verificable. Por otra parte se puede ser un brillante jurista y un acosador. Y los tests psicológicos son muy relativos. Y además hay otro ingrediente que es el político, que a veces se malinterpreta político con partidario. Pero cuando uno fija un criterio, fija política. Por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Cuando a un gobierno lo toma un partido o una agrupación, supuestamente debería cumplir con una plataforma y una propuesta y la ejecución de una plataforma tiene que ver con quiénes la aplican. Me explicó: no es la misma política criminal en Estados Unidos que en Irán, razón por la cual no es el mismo perfil del juez. El sistema que propongo califica técnica y humanamente a la persona: si va a trabajar, si es autoritario, si los estudios que dice tener los tiene. Los sistemas de concursos no estarían mal si hubiera carrera judicial. Porque allí el propio sistema regula los exámenes, como en una carrera.