EL ESTADO IDIOTA

Argentina: El Estado Idiota - por Esteban Bullrich



Los griegos llamaban idiota a quien no se ocupaba de la cosa pública. El colmo griego, sería entonces un Estado – garante moderno del funcionamiento y bienestar de la cosa pública – que no se ocupe de ella. El colmo griego, sería por ello la constitución de un Estado idiota.

El proyecto oficial de reestatización de Aerolíneas Argentinas enviado al Congreso Nacional, deja entrever que somos un Estado Idiota.

La historia de Aerolíneas Argentinas es la de una empresa administrada por un Estado idiota sólo hasta su privatización, y luego, de un Estado corrupto; que es mucho peor. Desde allí su historia de descontrol, desmanejo, endeudamiento y destrucción deja la inocencia de una bobería para pasar a ser algo significativamente más grave. Para dar cuenta de ello, sólo basta con leer el proyecto oficial Poder Ejecutivo.

La primera decisión cuestionable del Gobierno argentino data del 17 de marzo de 1994. En ella, la gestión de Menem renunció al derecho de veto a cambio de una integración de capital de Iberia. Sin embargo, inmediatamente Iberia renunció al plan de inversiones acordado en la privatización y lo redujo al mantenimiento de los servicios existentes. Es una obviedad decir que ni siquiera cumplió con ellos y que descapitalizó aún más la empresa. El resultado final de esa gestión fue un concurso preventivo el 22 de junio de 2001.

Posteriormente, en octubre de 2001, la empresa Air Comet compra la totalidad de las acciones de Aerolíneas Argentinas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Operación tardíamente notificada al Gobierno argentino - como rezan los fundamentos del proyecto de ley.

Cuando asume Néstor Kirchner se comienza a cuestionar los balances presentados por Air Comet, e inclusive se inician acciones judiciales de impugnación. Sin embargo, “a fin de permitir la continuidad de la empresa y de posibilitar el acceso al crédito (PE-0018-2008, p. 8)” se le renovó, en junio de 2004 y marzo de 2005, la concesión de rutas que vencerían hacia 2007 y 2008. Algo aún más cuestionable resulta de la firma de un acuerdo el 21 de junio de 2006, incrementando la participación del Estado Argentino hasta el 20% a través de la capitalización de sus créditos con la empresa.

Es decir, en lugar de cobrarles nos convertimos más dueños de una empresa cuyo balance cuestionábamos. Además, desistimos de las impugnaciones judiciales mencionadas, a cambio de mayor inversión por parte de Air Comet. A su vez, si bien la empresa no cumplió con ese acuerdo, el Gobierno decidió hacer uso de la opción de incremento accionario el 22 de noviembre de 2007, días antes de que Néstor Kirchner dejara el poder.

En el proyecto el Gobierno se lamenta que a pesar de esto la empresa Air Comet “nunca dio cumplimiento a las inversiones, al aumento de vuelos regulares y a la incorporación de nuevas aeronaves (PE-0018-2008 p. 9)”. Pero la (in)acción estatal no terminó aquí. El 15 de mayo del corriente se firmó otra acta acuerdo donde el Gobierno se comprometió a “la puesta en funcionamiento de incentivos económicos, de transporte y fiscales, como incremento de tarifas, precios máximos de combustible y regulación en el ingreso de nuevos operadores aeronáuticos. (PE-0018-2008 p.10.)” A cambio, el Estado Nacional puede incrementar su participación a un piso del 20% y la de los empleados hasta el 10%.Vale precisar que el 10% o el 20% de algo que vale nada es nada, aclaración para los idiotas.

En la misma página donde se describe el mencionado acuerdo reza: “El Convenio aludido en el párrafo anterior fue nuevamente incumplido por el accionista mayoritario”. Quizás sea éste el mejor epitafio para una historia de la que, como expresé, todos somos parte por acción u omisión. En este sentido, todos somos responsables de controlar y reclamar cuando nuestro Gobierno no cumple con su función. Y aquí nuestro Gobierno no cumplió como accionista, como controlador y como administrador.

Cabe preguntarse, luego de esta larga cadena de incumplimientos, por qué el Gobierno insiste en hacerse cargo de una empresa con USD 890.684.122 de deuda y con una pérdida proyectada para este período de USD 250 millones. Si nos remitimos a los fundamentos hay dos posibles explicaciones: 1) garantizar el servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, carga y correos y, 2) la fuente de trabajo de 9000 empleados.

Una propuesta para estos dos objetivos puede ser:

Para garantizar el servicio aerocomercial no hace falta embarcarse en el dudoso salvataje de una aerolínea quebrada, sólo basta desregular el mercado para ir a una política de cielos abiertos. Para esto deben modificarse algunos artículos de la ley 17285 (Código Aeronáutico), derogar la ley 19030 de Transporte Aerocomercial y trabajar en la mejora de la competencia entre los aeropuertos; hoy monopolizados.


Nuestra propuesta consiste en la implementación de un sistema de remate de los espacios para despegue y aterrizaje; un sistema mundialmente eficiente dada la baja de costos logísticos.

Si bien el segundo argumento es más complicado, no por eso peca éste de inverosimil. En caso de que el Estado no se hiciera cargo de Aerolíneas Argentinas, sus trabajadores podrían desempeñarse en las empresas ingresantes al nuevo escenario.

¿Pero qué puede hacernos pensar que el resultado que se avecina será satisfactorio? Nuestro Estado no ha sido capaz de darnos hasta hoy buena educación, buen servicio de salud o buena seguridad. Hemos sido hasta el momento rehenes de un Estado idiota. Creer que este mismo Gobierno será capaz de hacer despegar a Aerolíneas Argentinas en su actual situación no es más que una fantasía.