YA INVESTIGAN A KRETINA

La Justicia ya investiga los aportes a la campaña de Cristina

La Coalicion Civica presento una denuncia que recayo en el juzgado de Lijo; quieren saber quienes son los empresarios de la salud que colaboraron con el financiamiento



Tal como había anunciado a principios de semana, la Coalición Cívica presentó una denuncia para que se investigue el origen de los fondos que sirvieron para financiar la campaña presidencial de Cristina Kirchner.

En la presentación, que formalizaron el diputado Fernando Sánchez y el legislador provincial Sebastián Cinquerrui y que recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo, se plantea la necesidad de investigar, en particular, los realizados por empresas de la salud y el rol del superintendente de Servicios de Salud de la Nación. Héctor Capaccioli, en la recaudación.

Derivación La denuncia comenzó a tomar forma después de que trascendiera que Sebastián Forza, uno de los tres jóvenes que aparecieron muertos en General Rodríguez la semana pasada, había aportado dinero a la campaña presidencial de la Presidenta.

"Como representantes del pueblo, es nuestra obligación alertar a la Justicia que, de confirmarse las deducciones realizadas por nosotros y diferentes informaciones publicadas que dan cuenta de la vinculación que tendría el brutalmente asesinado Sebastián Forza con personas y asociaciones ilegales dedicadas a la producción y al tráfico ilegal de estupefacientes, estaríamos ante un hecho de una gravedad institucional profunda: una empresa con posibles negocios con el narcotráfico aporta dinero a una candidata presidencial", plantea la denuncia en su primer párrafo, según consignó la Coalición Cívica en un comunicado.

La fuerza que lidera Carrió planteó además que el 34 por ciento del total de los fondos de campaña de Cristina Kirchner proviene de laboratorios y otras empresas ligadas a la salud.

Según consta en la presentación, el sector aportó $ 4.512.000. "Todas estas empresas de salud contratan habitualmente con el Estado Nacional o dependen de regulaciones y autorizaciones oficiales para operar en el mercado. En especial, se destacan las prestadoras de servicios asistenciales reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud a cargo de Héctor Capaccioli ?tesorero del Partido Justicialista distrito Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrante de la Alianza Frente para la Victoria-, y las empresas comercializadoras de precursores químicos", señalaron los legisladores.

En otra parte de la denuncia plantean el supuesto vínculo entre el triple crimen de General Rodríguez y los fondos de campaña. "Reviste particular relevancia el el triple homicidio cometido a empresarios del sector. La empresa Seacamp S.A., cuyo titular Sebastián Forza, una de las víctimas, había sido aportante de $ 200.000 para la campaña del Gobierno y con múltiples vinculaciones con el Estado Nacional, pese a su insuficiente solvencia patrimonial y a diversos reclamos judiciales en su contra".

La Nacion

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