DENUNCIE CORUPTOS Y BUSQUE EMPLEO

ESCÁNDALO EN ENTRE RÍOS
Denunció corrupción por US$4 millones en un ente binacional y lo despidieron

Fernando Alba Posse fue el agrimensor que denunció irregularidades en el pago de indemnizaciones a ribereños del lago de Salto Grande donde se encuentra la represa hidroélectrica. Luego lo echaron. Investiga el juez federal Ariel Lijo.

POR RAM

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El agrimensor Fernando Alba Posse denunció una trama de corrupcioón el la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, un organismo binacional creado por la República Argentina (R.A.) y la República Oriental del Uruguay (R.O.U.) para aprovechar los rápidos del río Uruguay en la zona de Salto Grande. El convenio fundacional de 1946 propicia el desarrollo económico, industrial y social de ambos países a través de la generación de energía eléctrica, la comunicación terrestre y la mejora de la navegabilidad.

La CTM está integrada por igual número de delegados uruguayos y argentinos, de quienes dependen los cuerpos técnicos y administrativos del organismo. Posee autonomía administrativa, inmunidad de jurisdicción y recibe tratamiento impositivo especial por parte de ambos Estados.

En una carta dirigida a la presidente Cristina Fernández, a la que tuvo acceso Urgente24, la esposa del agrimensor Alba Posse, Ana María Huergo de Alba Posse, cuenta que su marido recibió "amenazas de muerte, qu sufrió acoso laboral y que recibió amenaza de despido por parte del actual presidente de la delegación Argentina, Juan Carlos Cresto, un ex intendente de Concordia, enrolado en el Kirchnerismo.

Relató que en una reunión privada, Juan Carlos Cresto -actual presidente del organismo binacional nombrado tras un acuerdo político con el gobernador Sergio Urribarri-, amenazó a su esposo con echarlo si no se dejaba de "jorobar" y al poco tiempo lo despidieron sin causa. También contó que dos ribereños en la zona de Corrientes lo amenazaron de muerte. "Callate la boca o vas a terminar en una zanja", le dijeron.

Huergo de Alba Posse dijo estar segura de que su esposo cumplió con su trabajo. "Hubo una auditoría argentina que ratificó absolutamente todo lo que él dijo", remarcó, según la web elentrerios.com.

La Historia

Todo comenzó cuando el profesional pudo detectar graves irregularidades: ocupaciones indebidas y pagos en las indemnizaciones a propietarios ribereños, inundados por el lago de la represa Hidroeléctrica de Salto Grande que en muchos casos excedían ampliamente los montos que se debían pagar a los propietarios afectados, con el consecuente perjuicio económico que le significaba a los gobiernos de Argentina y Uruguay.

La denuncia que investiga el juez federal Ariel Lijo y que fue presentada por el Vicepresidente de la CTM, Enrique Stola, se refiere a manejos dentro del ámbito de competencia exclusiva de la Argentina -el llamado Sector de Obras No Comunes Argentino (Sonca)- de Salto Grande, donde había una defraudación por mas de US$ 4 millones.

En su presentación, Stola hizo referencia a un informe oficial que advirtió irregularidades. Se trata de una auditoría que tomó únicamente 11 expedientes de reclamos, los analizó y detectó anomalías en seis. Sólo por esas indemnizaciones, Energía habría pagado unos 4 millones de pesos de más.

Stola informó que se falsearon planos en la municipalidad de Santa Ana, Entre Ríos, y que eso permitió que particulares que ocuparon terrenos expropiados fueran declarados dueños de esas tierras, con vista al lago, a través de juicios fraudulentos. Pero eso no fue todo: algunos de estos ribereños reclamaron después ser indemnizados. Es decir que el Estado, que había adquirido las tierras porque estaban expuestas a inundarse con facilidad, no sólo las perdió, sino que, además, debía resarcir a sus ocupantes.

El juez de la causa, Ariel Lijo, dispuso diversas medidas de prueba para avanzar con la investigación. Por lo pronto, pidió a la municipalidad de Santa Ana todos los planos y documentos de los terrenos que estarían invadiendo la línea fiscal, y a la Secretaría de Energía, el detalle de todos los movimientos de fondos para determinar qué pagos se realizaron y a quiénes.

Además, le reclamó a Salto Grande que le entregara todos los expedientes iniciados como consecuencia de pedidos de indemnización. Los documentos llegaron esta semana al juzgado. Son pilas y pilas de carpetas que aún no fueron analizadas.

Por esta denuncia, en febrero de 2011, la comisión argentino-uruguaya, integrada por sus presidentes, vicepresidentes y delegados, decidió por votación mayoritaria, la cesantía sin causa del agrimensor Fernando Alba Posse.

Las leyes anticorrupción de Argentina y en las uruguayas se establece que debe haber protección para los testigos que atestigüen en casos de corrupción. En cambio, al agrimensor alba Pose en vez de protegerlo, lo despidieron.

Ante el despido de su esposo, Ana María Huergo de Alba Posse,le envió una carta a los presidentes de Argentina y Uruguay, Cristina Fernández y José Mujica.

La Carta

A la Señora Presidenta de la Nación Argentina
Dra. Cristina Fernandez de Kirchner

Tengo el honor de dirigirme a usted en mi condición de esposa y miembro de una familia de 5 integrantes que siento afectada y avasallada en sus derechos más elementales. Motivo por el cual decidí expresarle mi profunda preocupación y angustia, no solo por el perjuicio familiar que se nos ha causado, sino también por su repercusión social".

Mi esposo, Fernando Alba Posse (DNI 13.789.084), se desempeñó durante 6 años como agrimensor de la CTM (Comisión Técnica Mixta Salto Grande), realizando tareas específicas de medición y evaluación de los terrenos ribereños del río Uruguay (Costa Argentina) que fueron inundados por el embalse del lago de Salto Grande, y durante este trabajo técnico, inherente a su profesión, comienza a detectar graves irregularidades: ocupaciones indebidas y prescripciones adquisitivas del lago Salto Grande como así también en las indemnizaciones a propietarios ribereños, etc, que en muchos casos excedían ampliamente los montos que la empresa debía pagar a los propietarios afectados, con el consecuente perjuicio económico de la misma".

Ante esta grave situación, mi esposo, intenta poner en conocimiento de causa a sus superiores directos y recomienda suspender todos los pagos a ribereños hasta aclarar la situación. Sus denuncias intraempresariales no fueron atendidas o fueron minimizadas por muchos funcionarios de la CTM, hasta que el Dr. Enrique Stola, y el Lic. Juan Carlos Chagas, vicepresidente y expresidente respectivamente de la CTM, se interesan y ponen en conocimiento de la situación a la Secretaria de Energía y Cancillería de la Nación Argentina. Se contrata una auditoría externa Argentina para investigar el caso y la misma ratifica dichas irregularidades enunciadas por mi esposo. El Dr Enrique Stola (actual vicepresidente) decide denunciar penalmente estos hechos en julio de 2010, lo cual toma repercusión pública en varios medios periodísticos de la Capital y de Entre Ríos. Mi esposo es citado a declarar como testigo en la causa, y se suspenden los pagos a ribereños".

Comienzan nuestros padecimientos: Mi esposo es amenazado de muerte por propietarios ribereños, no recibe ningún tipo de protección o defensa por parte de la empresa, y nadie condenó el hecho oficialmente; sufrió acoso laboral, fue sancionado injustamente, se le ocultó información relevante y luego debió soportar descalificaciones, agravios y amenaza de despido por parte del actual presidente de la Delegación Argentina el Sr Juan Carlos Cresto; dichos actos estuvieron acompañados del silencio de muchos compañeros o jefes directos que por temor a perder su trabajo, decidieron no involucrarse.
Señora Presidenta, ante este hecho, cabe preguntarnos: ¿Así trata una empresa de energía binacional a un trabajador honrado y fiel que defiende sus intereses con idoneidad y ética profesional? ¿Es este el precio que debe pagar por haber sido honesto y por haber comunicado a sus superiores jerárquicos estos actos ilícitos?".

Pongo mi esperanza en que usted, Señora Presidenta, implemente una seria investigación sobre este caso, que necesita sanearse con decisión política, para que no se transforme en otro hecho más de impunidad, de corrupción triunfante...Mi esposo es un simple trabajador, orgulloso de pertenecer a una empresa como CTM, sin ambiciones políticas, sin ningún otro objetivo más que el de trabajar decentemente y poder vivir dignamente de su trabajo".
Todo eso se lo han quitado y, como es lógico, su salud psicofísica ha comenzado a deteriorarse. Solo nos queda apelar a que algún funcionario público, con poder de decisión, nos escuche y se pueda reparar la injusticia cometida. Ojalá que así sea para el bien de mi familia y para la sociedad toda, que merece más justicia y transparencia de sus funcionarios e instituciones".

Ana María Huergo de Alba Posse,
DNI 16.179.583.