QUEMA SANTA CRUZ

23 DÍAS SIN PRODUCCIÓN PETROLERA EN LA PROVINCIA DE KIRCHNER
'Chaco' Segovia rechaza la medida judicial y puede complicarse Santa Cruz

El Sindicato de Petroleros Privados a través de sus abogados, impugnó la medida del juez Mario Albarrán, de solicitar la suspensión tanto de Héctor Segovia como de Rubén Retamoso; persisten las medidas de fuerza aunque el Ministerio de Trabajo designó a su delegado, Roque Vitale.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Con fecha 21 de abril y en un fallo de 13 fojas, el juez de Instrucción de Caleta Olivia, Santa Cruz, Mario Albarrán, separó en forma preventiva a todos los miembros de la comisión directiva del Sindicato de Petroleros Privados.

El juez hizo lugar a la “medida autosatisfactiva” interpuesta por el Estado provincial “en base al imperativo constitucional que me obliga a prevenir”, disponiendo “la suspensión del Sr. Héctor Ramón Segovia, del Sr. Rubén Retamozo en los cargos que ocupan como secretario general y adjunto respectivamente, en el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz”, como así también de los demás miembros de la Comisión Directiva del mencionado sindicato.

Una medida autosatisfactiva es un requerimiento urgente, formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables, que se agota con su despacho favorable, no siendo, entonces, necesaria la iniciación de una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento.

Es una medida al margen de la tutela judicial clásica, por la satisfacción definitiva y única de la pretensión.

No se trata de una medida cautelar, se asemeja a ella porque ambas se inician con la postulación de que se despache favorablemente e inaudita et altera pars un pedido y se diferencian en:

1. El despacho de la medida autosatisfactiva reclama una fuerte probabilidad de que lo pretendido por el requirente sea atendible y no la mera verosimilitud con la que se contenta la diligencia cautelar;

2. Su dictado acarrea una satisfacción definitiva de los requerimientos del postulante, y

3. Se genera un proceso que es autónomo, en el sentido de que no es tributario ni accesorio respecto de otro, agotándose en sí mismo.

Volviendo a Albarrán, él agregó que dicha suspensión “se extenderá hasta tanto las autoridades de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustible los ratifique en el cargo o adopte otra medida normalizadora, todo bajo apercibimiento de ley”.

Por otra parte, notificó a la federación de esta resolución “a los efectos que proceda a la normalización del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de la provincia de Santa Cruz, sea ratificando inmediatamente a Héctor Ramón Segovia y demás integrantes de la Comisión Directiva, en sus cargos; o llamando a nuevas elecciones o adoptando medidas que considere pertinentes”, haciéndoles saber que cualquiera que sea la medida adoptada, deberá notificarla fehacientemente tanto al fiscal de Estado como a los integrantes separados.

Entonces, el Ministerio de Trabajo nombró a “un funcionario normalizador” en el Sindicato de Petroleros de Santa Cruz, según las palabras que utilizó el titular de la cartera, Carlos Tomada.

Según el ministro, la decisión fue en respuesta a un fallo judicial, y hasta que la federación cumpla con ese mandato judicial.

El delegado de la cartera laboral en Caleta Olivia, Roque Vitale, tiene la tarea de que se reanuden las actividades en el sector, que está de paro hace 23 días, y colaborar para llegar a un acuerdo con las cámaras empresarias.

“Esto no es una intervención, sino que tiene que ver con designar un funcionario para que garantice el normal funcionamiento hasta que la federación intervenga”, aclaró Tomada.

Sobre las alternativas que tiene la federación, el ministro admitió que son varias y una de ellas podría ser la de restituir, nuevamente en sus cargos, a los secretarios separados por la Justicia. “Es una posibilidad que existe, según entiendo surge de la sentencia del juzgado o puede llamar a elecciones, que sería una de las soluciones más claras que están a la vista, pero eso es resorte de la federación”, insistió.

Héctor Segovia respondió inicialmente con 2 comunicados de prensa:

> alertó que el gobernador Daniel Peralta “le está incendiando la provincia ala compañera Cristina Kirchner”, y

> adelantó que ya se comunicó con otros gremios para profundizar las medidas de fuerza.

“Llama la atención que la decisión se tomó en forma apresurada, casi como un atropello institucional con tinte político”, indicó el dirigente gremial y recordó que ya son varios los gremios que en los últimos tiempos están sufriendo “el atropello del gobierno provincial”, entre los cuáles mencionó a los docentes que fueron agredidos mientras realizaban una movilización.

Entonces, el abogado del Sindicato de Petroleros Privados, Cristian Karanicolas, acompañado por miembros de la comisión directiva y delegados, anunció que tiene instrucciones de apelar la resolución del juez Albarrán y ratificó la decisión de Héctor Segovia de no renunciar a su cargo de Secretario General del Sindicato de Petroleros Privados.

El abogado Karanicolas dijo que no es competencia del Juez de Instrucción de Caleta Olivia expedir una medida autosatisfactiva solicitando la suspensión de Segovia y de Retamoso, y adelantó que el lunes 25/04 presentará o un recurso de amparo o una apelación.

En su explicación de los hechos, Karanicolas manifestó: “el pedido se lo hace el Fiscal de Estado al juez penal de Caleta Olivia solicitando una medida cautelar autosatisfactiva para evitar los perjuicios económicos que derivan de la paralización de la producción para que suspenda a la comisión y que tome cartas en el asunto la Federación y el Ministerio de Trabajo que son las autoridades que tienen competencia en la vida interna de asociación sindical”.

Karanicolas agregó: “Estamos preparando una presentación recursiva porque entendemos que el Juez excede su competencia porque no es competencia para inmiscuirse en la vía interna de una entidad gremial sobre todo cuando está en vigencia una comisión directiva que no ha sido destituida ni suspendida por los canales correspondientes y sobre todo cuando, luego de una asamblea los trabajadores declararon su intención de volver a trabajar. Oficialmente el Sindicato no está de paro y ordena que hay que volver a los puestos de trabajo y no se hace porque el grupo disidente lo impide cortando las rutas”.

Según el abogado del sindicato, “Lo que el Estado Provincial tendría que hacer para proteger los intereses del patrimonio es ir contra los responsables de esta paralización productiva que son los disidentes”, y aseveró: “La vía correspondiente es la vía interna, en donde se tiene que expedir la comisión directiva, con la realización de una asamblea extraordinaria. La intervención es una medida extrema, primero hay que agotar otras vías que ni siquiera se han intentado”.

Karanicolas sostuvo: “Toda decisión judicial es recurrible porque sino sería inconstitucional, tiene que estar garantizado el derecho a defensa y mas que nada porque se toma una determinación sin correr vista primero al Sindicato”, y afirmó: “el secretario general no s ha hecho saber que ahora mas que nunca va a mantenerse en su cargo, porque se están transitando caminos extremos y no convencionales sin haber intentado siquiera la vida gremial”.

Él también dijo: “Es un problema grave que haya pérdidas, pero hay que ver quien es el responsable, ya que hay un grupo que se opone que es el responsable de esta gran pérdida, obviamente el Secretario fue claro con su discurso de volver a trabajar y con la nota que le hizo llegar al Gobernador para que instruya que se levanten los cortes”.