LAVADO DE DINERO . LOS SANTOS KIRCHNER

NO SE OLVIDEN DE ACCOLADE POOL E IVÁN HOLJEVAC
Alak pasó por Diputados, habló de lavado de dinero y mandó "en cana" a los Kirchner

El ministro de Justicia, Julio Alak, afirmó que durante el Gobierno del matrimonio Kirchner, se pagaron, "en forma irregular, $ 54 millones a un grupo de empresas de seguros extranjeras" ligadas a un croata acusado de lavado de dinero. Él marcó la debilidad del sistema penal para lograr condena por este tipo de delitos.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, se hizo presente ante la Comisión de Justicia para brindar un informe sobre el pedido de de la presidente Cristina Fernández por la ley de lavado de activos.

En un momento de sus respuestas y con la intención de defender al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, acusado de perseguir políticos opositores, el ministro Julio Alak cometió un sincericidio: "se han pagado $ 54 millones, de manera irregular, por parte del Ministerio de Economía, a una consultora privada acusada de lavado de dinero, sin que esto haya sido sancionado".

Ningún diputado le preguntó al ministro acerca de semejante afirmación.

La historia se remonta a 2009: Pocos días antes de que Néstor Kirchner le ceda el poder a su esposa, el Ministerio de Economía pagó una deuda ilegítima de $ 54 millones a un grupo de empresas de seguros extranjeras ligadas a un croata acusado de lavado de dinero. La operación se concretó pese a que el reclamo había sido rechazado en primera y segunda instancia en la Justicia. El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, denunció la maniobra ante el juzgado de María Romilda Servini de Cubría, sin respuesta alguna.

El factótum del pago fue Juan Cayetano Intelisano, un contador que maneja la administración del ministerio desde hace 20 años y era, por entonces, subsecretario Legal y Administrativa de la cartera. La declaración jurada que Intelisano presentó en la Oficina Anticorrupción en 2007 lo ubicó en el Top 5 de los funcionarios más adinerados del gabinete nacional, detrás del matrimonio Kirchner y Enrique Albistur.

La investigación se originó en un sumario administrativo que abrió el propio Ministerio de Economía, que conducía Miguel Peirano, después de realizado el pago. Sin embargo, el Ejecutivo Nacional desistió de presentar una denuncia penal cuando descubrió el ilícito.

El caso llegó a preocupar tanto en lo más alto de la administración K que el propio ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se ocupó personalmente del tema a través de su amigo Fabián Musso, el abogado del Estudio Righi, al que conoce desde que eran estudiantes de Derecho.

Según las 7 empresas demandantes, agrupadas bajo la denominación Accolade Pool, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (CNAS) tenía contratos incumplidos de reaseguro, celebrados en el exterior entre 1977 y 1982. La cabeza visible del pool fue, desde el comienzo, Iván Holjevac, un empresario que es dueño del hotel Las Cumbres en Punta del Este y se presenta como uno de los propietarios del hotel Conrad en esa ciudad. Holjevac figura en el informe de la Comisión Investigadora de Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados".

El ministro Julio Alak, quien llegó acompañdo del titular de la UIF, José Sbatella, reconoció que "en 2010 se denunciaron 3.169 operaciones sospechosas de lavado de dinero". También remarcó" la debilidad del sistema penal para lograr condena por este tipo de delitos, y que restan 54 días para que la Argentina tenga que ir a explicar en México", dónde se reúne el GAFI, sobre lo que está haciendo para combatir el lavado de dinero.

El proyecto de Lavado

El proyecto propone que el lavado sea castigado directamente con penas de prisión, sin la necesidad de que exista un delito precedente, eliminando la restricción existente en la legislación actual para el juzgamiento y condena del delito de autolavado.

Hasta el momento, de acuerdo con la Ley 25.246, sancionada el 13 de abril de 2000, se puede penar de 2 a 10 años de prisión el lavado de dinero pero “para castigar el lavado tiene que demostrarse la existencia de un delito preexistente, por ejemplo el narcotráfico”.

La nueva norma propone ampliar las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), promoviendo su intervención en los casos donde aparezca, como delito precedente, la extorsión y los actos reprimidos por la Ley Penal Tributaria.

El proyecto que ingresó el 23 de junio de 2010 con la firma de la Presidente Cristina Fernández, el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y el Ministro de Justicia, Julio Alak, propone la modificación de la tipificación del delito de lavado de activos y pena con prisión de 2 a 10 años a quien conviertiere, tranfiriere, administrare, vendiere, aplicare, de cualquier modo dinero u otras clases de bienes proveniente de un delito y siempre que el valor la suma supere los $ 200.000, en un solo acto o por reiteración de hechos diversos vinculados entre si.

El proyecto de ley deja en manos de la Unidad de Información Financiera (UIF), el análisis, el tratamiento y la transmisión de de información a efectos de prevenir e impedir delitos provenientes del narcotráficos y comercialización de estupefacientes, del contrabando de armas, del fraude de la Administración Pública, de la prostitución de menores y pornogafía infantil.

La UIF estará facultada para solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que considere útil para el cumpliento de sus funciones.

En caso de una operacion sospechosa la Administración de Ingresos Públicos, deberá revelar el secreto fiscal de las personas físicas o jurídica involucradas en el hecho.
Estarán obligadas a a informar a la Unidad de Información Financiera:

>Las entidades financieras
>Las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central para operar en la comraventa de divisas
>Las personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar
>Los agentes y sociedades de bolsa, los agentes del mercado abierto electrónico
>Los registro Públicos de Comercio
>Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y venta de obras de arte, antiguedades u otros bienes santuarios
>Las empresas aseguradoras
>Las empresas dedicadas al transporte de caudales
>Los escribanos públicos
>Los despachantes de aduana
>Los productores y asesores de seguro
>Las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros
>Las Mutuales y Cooperativas
>Las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la compraventa de autos, camiones, motos, maquinarias agrícolas, mauinarias viales, yates, omnibus
>Las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios en culauier tipo de fidecomiso.
La persona que física o jurídica que incumpla algunas de las obligaciones de informaciones ante la Unidad de Información Financiera (UIF), será sancionada con multas de una 10 veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito grave.
Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes la multa será de $10.000 a $100.000.

Desde el año 2000, la Argentina integra el Grupo de Accion Financiera Internacional (GAFI) y por tal mantiene una participación activa de las reuniones plenarias. En el año 1990 el organismo internacional ha dictado más de 40 recomendaciones sobre lavado de activos a las que se suman las 9 añadidas en el año 2001, relacionadas con la rpevencion de la financiacion del terrorismo.

Si bien las recomendaciones no son vinculantes (obligatorias), se exige a los países miembros que respondan en funcion de los estándares internacionales, adecuando su derecho interno a su marco y mejorando, en forma permanente, su sistema preventivo y represivo.

Más alla del proyecto del Poder Ejecutivo, hay otra iniciativa de la diputada Elisa Carrió, que propone eliminar la Unidad de Información Financiera (UIF ) y crear una Agencia de Inteligencia Financiera, dependiente del Congreso. Y separar el lavado del encubrimiento agravado, como en la actualidad.

Resta discutir quién será el encargado de perseguir a los acusados por lavado de dinero. Mientras el oficialismo quiere dejarlo en manos de la Unidad de Información Financiera (UIF), presidida por José Sbatella, la oposición reclama que su titular sea o bien elegido por el Ejecutivo a partir de una terna impulsada por el Congreso, o bien escogido a partir de un concurso público.