NO HAY DERECHO

Por Raúl A. Flores

En la Argentina de hoy, Justicia es una palabra inexistente, vana, vacía y hueca. Por los más de mil ardides sustanciales que logran interponer los funcionarios de turno, de la organizada y funcional Familia Judicial, antes de proceder como el ritual lo establece. Formas improcedentes y que no figuran en los Códigos, son aplicadas con total impunidad, alterando todo orden jurídico y quedando la explicación, en la íntima convicción de Usia, nada más. Es por eso que no hay derecho…

Si nos atenemos a los fallos (a cualquiera en realidad), se comprenderá lo que aquí se expone. Tomemos por caso lo resuelto por la Cámara de Casación Penal en el controvertido Juicio por la incalificable masacre del boliche República de Cromañón.

Ninguna de las noticias dan cuenta de la revisión a la ridícula sentencia de sobreseimiento y un probable nuevo enjuiciamiento al principal responsable, que es Aníbal Ibarra, la Excelentísima Cámara de Casación, responde allí como la familia judicial, porque el verdadero RESPONSABLE, que era Jefe de Gobierno en ese momento, antes fue Fiscal y parte de la cofradía en la Justicia.

Ante la demostración tangible de sus ex compañeros en la Justicia, hasta tiene el tupé de presentarse nuevamente como candidato, a Jefe de Gobierno Porteño, olvidándose que él fue parte de esa tragedia por acción u omisión, pero absolutamente responsable por ser la cabeza del organismo contralor de las actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero y siempre hay un pero, al Gobierno Nacional, no le conviene ponerse los pantalones largos y mediante sus facultades lograr hacer Justicia, por la defensa del ciudadano, está más que claro que no son intereses del Gobierno Nacional ni de los empleados de la Justicia.

¿Cuál es el mérito de Ibarra para no ser llevado a Juicio? ¿El que la Presidente de Abuelas de Plaza de Mayo lo defienda? Aún se recuerdan los huevazos que le tiraron (y con qué certera puntería la alcanzaron) los padres de los jóvenes lamentablemente fallecidos en República de Cromañón a Estela Barnes de Carlotto, cuando ésta públicamente salió a defenderlo durante el juicio que finalmente lo llevó a la destitución de su cargo como Jefe de Gobierno Porteño. Ni la postulación a Nobel de la Paz la salvó de tamaño y significativo papelón.

El señor Anibal Ibarra, quizás tenga fueros en el espacio de Cristylandia y por pertenecer a la lista de obsecuentes del entorno K, ¿merece que no lo juzguen? Y sí sumamos a ello, su relación directa con casi toda la familia judicial, podemos pensar que quizás se deban muchos favores mutuos entre sus contactos y los funcionarios del Gobierno Nacional y se orienten los decisorios a la hora de tener que resolver cuestiones de importancia para la Administración de la aniñada viuda. Si fuera es así, la Justicia, queda claro, no tendría razón de ser.

Otro beneficiado por la Excelentísima Cámara de Casación Penal, es Omar Chabán, gerenciador del local y responsable de la cantidad de gente que allí entraba, dado que era quien debía rendir cuentas por la cantidad de entradas vendidas, ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también responsable de las habilitaciones, certificados y protocolos que la Administración del Gobierno de la Ciudad debe emitir para que un espacio de recreación pública funcione con todas la garantías. A todas luces se interpreta que nada o muy poco estaba a Derecho en ese local. Más allá que la responsabilidad de la Inspecciones y observaciones recaen en el Sr. Aníbal Ibarra directamente por ser él, Alcalde Porteño. Así hoy, ese gerenciador se ve favorecido en la reducción de su pena de primera instancia, porque si la sentencia hubiera sido por dolo en lugar de culposo, hubiera habido lugar para apelar los decisorios sobre la responsabilidad del Jefe de Gobierno de aquel momento. Esto dijo uno de sus abogados. Por homicidio doloso lo habían sentenciado a 20 años de cárcel, pero Casación cambió la calificación del delito a culposo, que tiene una pena máxima de 11 años. El ex gerenciador del boliche solo pasó casi tres años detenido.

A las claras y dejando de lado la aberración jurídica en el sobreseimiento de Anibal Ibarra, Omar Chabán fue el más beneficiado con la sentencia de Casación, que le redujo la calificación de estrago doloso a culposo por el incendio de República de Cromañón, donde se provocó la muerte a 193 jóvenes personas. Ahora, se espera que se fije el monto de la pena y en su entorno confían en que podría pasar menos de 2 años en la cárcel, por los cómputos que se deben realizar descontando el tiempo que ya estuvo detenido con régimen penal.

El Sr. Omar Chaban, considerado autor penalmente responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte en concurso real con el delito de cohecho activo. En su entorno se celebró el cambio en la calificación. No hay derecho a tanta soberbia del Poder Judicial, que no contempla bajo ningún punto de vista la tragedia en toda su magnitud, al no ordenar la revisión criteriosa de todo lo actuado y entendiendo que las responsabilidades ciertas, están por el lado de la Administración Porteña y las fallas en los controles.

Mientras tanto, al grupo culpable de ingresar bengalas a un lugar cerrado, estos son los músicos de Callejeros, resolvieron condenarlos, cuando en 2009 habían sido absueltos. Algo muy para la tribuna y tranquilidad de los familiares, con el efecto que las verdaderas responsabilidades en los controles pasen desapercibidas y no se reprochen nuevamente por parte de los querellantes.

Lo resolvió la Excelentísima Cámara de Casación Penal, que consideró que tanto el empresario como los integrantes de la banda son igualmente responsables por las 193 jóvenes muertes, ocurridas el 30 de diciembre de 2004. A diferencia de la absolución que había resuelto el Tribunal Oral 24 hace un año y medio, los jueces de la Sala III de la Excelentísima Cámara de Casación Penal, consideraron que el cantante Patricio Fontanet y sus seis compañeros de banda son culpables del desastre, y los condenaron por incendio culposo y cohecho activo, delitos que podrían sumar una pena de hasta 11 años de prisión. Para esta Justicia, que un día absuelve, con todo lo que significa absolver, que no es lo mismo que sobreseer, ahora son tan responsables como Omar Chabán, pero de Aníbal Ibarra, nada. Absolver, significa que no existe causa o mérito para enfrentar siquiera litigio y mucho menos condena, porque se borran todos los antecedentes que haya generado el hecho juzgado en su momento, pero al no quedar firme el fallo por haber sido apelado, puede variar, pero acá no varió, sino que tuvo un cambio radical y hasta altamente beneficioso, para quién hoy esta postulado a puestos políticos iguales a los que no supo conducir en 2004.

Para la Cámara, todos ellos más el ex mano derecha de Chabán, Raúl Villarreal (que había sido condenado apenas por cohecho activo a un año de prisión en suspenso), actuaron con negligencia e imprudencia, violaron el deber de cuidado pero no actuaron con intención. No obstante, en otro hecho criticable, Casación dejó en manos del Tribunal Oral 24 las penas. Queda resolver en todos los casos cuántos años deberán pasar en la cárcel.

El ánimo de los familiares de las víctimas mejoró cuando la camarista informó que desde ahora los ex funcionarios porteños Fabiana Fiszbin, Ana María Fernández y Gustavo Torres están condenados por los delitos de omisión de los deberes de funcionario público con incendio culposo seguido de muerte. El sentir de los deudos es que, La justicia a medias no es justicia. Faltan los funcionarios responsables y el Jefe de la Comuna.

Si la política se entromete, como en el caso de Rodrigo la hiena Barrios que es ayudado por el Intendente de la Ciudad de Tigre, Sergio Tomás Massa, es muy difícil que la Justicia imparta equidad entre los habitantes. La hiena debería, cuando menos, estar en una celda a la espera de su justo juicio. Pero no, suelto como cualquier honesto ciudadano aportante, la diferencia es que el encartado en causas penales, sigue involucrándose en distintos hechos rayanos con el delito con total impunidad y desparpajo.

Si quienes infringen la Ley son partidarios del modelo K, nada les sucede. Pueden cortar rutas, calles, obstruir la distribución de periódicos y revistas, abrir peajes, liberar los molinetes de los subtes, trenes y demás. Hasta toman e incendian comisarías (por caso Luis D’Elía) que por ello no obtienen ningún castigo.

Ahora, si quienes realizan protestas, lo hacen sobre las medidas y en disconformidad con el Gobierno Nacional, entonces sí son reprimidas y castigadas con el máximo rigor de la Ley (hasta a veces con palazos, como la disolución de una pacífica marcha en Santa Cruz por parte del gremio docente a manos de una horda de la UOCRA y apañada desde la gobernación de Daniel Peralta).

La justicia es rápida, rapidísima para tomar cartas en el asunto del Estado Nacional , por caso las ordenes de desalojo de la ex Bodega Giol, la calle 14 de la Villa 31 y otros sitios que afecten los intereses del modelo K, pero en los desalojos de las casas usurpadas y predios de la Capital Federal, los funcionarios responsables, no actúan con la celeridad requerida, sin siquiera ser citados por la Justicia para explicar el por qué no cumplen con las resoluciones Judiciales y donde ningún Fiscal, actúa de oficio y logra que se cumpla con lo mínimo que indica el Código Penal y algunos artículos de la Constitución Nacional.

Si La Justicia, es una justicia a medias, entonces… no hay derecho. Y en nuestra Argentina de hoy, está demostrado que es así.