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Quién está al mando
La imagen de Cristina, según una encuesta cajoneada, está por debajo de los 20 puntos. Los números simplemente evidencian la fragilidad de su gobierno ante los desaires internos que continúan repitiéndose.
Buenos Aires, lapolíticaonline, 15/09/08, 14:17

"Duérmete oficialmente, sin preocuparte,

que sólo algunas piedras son responsables".



María Elena Walsh, Canción de cuna para gobernante



Hace ya un buen tiempo que el gobierno no difunde encuestas sobre la imagen presidencial o sobre el juicio de los ciudadanos en torno a la gestión del kirchnerismo. Los motivos de esa discreción son comprensibles. No es que la Casa Rosada haya dejado de pagar estudios de opinión pública, sino que prefiere echar un piadoso manto de silencio sobre los datos que le proporcionan.



Un influyente ministro, por caso, recibió la semana última una extensa encuesta recién salida del horno que revela que el porcentaje de aprobación que cosecha hoy la señora de Kirchner ya se encuentra –después de unas semanas de amesetamiento- por debajo de los 20 puntos: para ser precisos, obtiene 50 opiniones negativas cada 17 favorables. En algunos rubros el juicio ciudadano es aún más duro: la gestión del tema seguridad recibe un 5 por ciento de opiniones positivas contra un 78 por ciento de negativas; el trabajo del gobierno sobre la inflación obtiene un 3 por ciento de aprobación versus un 77 por ciento de rechazo. Son cifras significativas, sobre todo si se considera que inflación e inseguridad representan (según datos del mismo estudio) las preocupaciones dominantes en la opinión pública.



Los datos de la encuesta sobre la presidente la pintan –para decirlo con una expresión popular- "más golpeada que rodilla de zapatero", incluso en comparación con la administración de su esposo: 17 de cada 100 consideran que su gobierno es "igual de malo" que el de Néstor Kirchner; 51 de cada 100 estiman que es "peor".



Pero no sólo la castigan los números. El proceso que se desarrolla en Miami con protagonismo de Guido Alejandro Antonini Wilson ha devuelto a las primeras planas la historia de la valija con más de 800 mil dólares enviada a Buenos Aires por el gobierno de Hugo Chávez y trasladada en un avión fletado por el Estado argentino. Las cintas grabadas que el fiscal y el FBI aportaron a aquel juicio incriminan cada vez más nítidamente a altos funcionarios del kirchnerismo y proyectan más sombras sobre el financiamiento de la última campaña electoral oficialista. Esas sospechas se suman a las que surgen de los hechos conectados con la venta ilegal de efedrina en relación con el narcotráfico y algunos aportantes a esa misma campaña. A la luz de estas circunstancias, y como señal de la seriedad institucional que les otorga, Elisa Carrió señaló esta semana que creía reunidas causales para el inicio de un juicio político.



El gobierno, entretanto, reaccionó frente a las revelaciones del juicio de Miami repitiendo la escena ensayada a fines del último año, cuando emergieron los primeros trascendidos sobre la investigación del fiscal americano Thomas Mulvihill y la Casa Rosada acusó al gobierno de los Estados Unidos de organizar "operaciones basura" para perjudicar al kirchnerismo.



El gobierno, que sin demasiados motivos creía haber enderezado un poco sus vínculos con Washington, vuelve a patalear ante el gobierno americano por situaciones que ocurren en los tribunales. Observa, además, sin demasiada capacidad de reacción cómo se dispersan fuerzas que hasta hace algunos meses consideraba propias y disciplinadas y cómo se le escurren entre los dedos instrumentos de poder que empleó largamente durante estos años.



Que Hugo Moyano, por ejemplo, haya solicitado públicamente que se considere el asesinato de José Rucci –del que se cumplen pronto 35 años- un crimen de lesa humanidad (es decir, imprescriptible) y que se juzgue y condene a los culpables, implica un gesto de indisciplina calificada para el kirchnerismo. El asesinato de aquel secretario general de la CGT y aliado principal de Juan Perón, como lo muestra una reciente investigación firmada por el periodista Ceferino Reato ("Operación Traviata"), fue consumado por la organización Montoneros y la doctrina oficial sólo ha querido considerar delitos de lesa humanidad las acciones producidas por la represión antiterrorista, jamás las que ejecutaron los grupos guerrilleros.



Una de arena y otra de cal: después de soltar ese bombazo, Moyano hizo buena letra y salió a sumarse al coro de ángeles que protesta contra la investigación judicial norteamericana sobre la valija llena de dólares chavistas. Una cosa no borra la otra, pero los Kirchner a esta altura no tienen tantos defensores como para despreciar esa ayuda.



De todos modos, tras esos descartes todavía queda un naipe en las manos del camionero, y tiene que ver con los reclamos para que el gobierno compense con dinero la pretensión de mantener cerradas las negociaciones salariales hasta el año próximo. Moyano no puede abandonar esa bandera porque siente en la nuca el aliento de su principal competidor, Luis Barrionuevo, quien desde la CGT Azul y Blanca ya desatada de compromisos oficialistas, exige nuevas negociaciones, aumentos de sueldos no meramente simbólicos. La pinza gremial se cierra sobre la Casa Rosada.



Las cosas no parecen más tranquilizantes en el plano parlamentario. Después del revés sufrido en julio a manos de los senadores con la famosa resolución 125, el oficialismo ha venido gambeteando las votaciones complicadas en las cámaras, y ha soportado con estoicismo que los proyectos enviados por Ejecutivo fueran perforados con modificaciones, con tal de sumar respaldos que le ahorraran una nueva derrota. Ahora, sin embargo, aparecen peligros en el horizonte. Uno es el proyecto de movilidad jubilatoria, que obtuvo la media sanción de Diputados tras haber sufrido varios cambios. Sucede ahora que muchos senadores (inclusive varios oficialistas) se proponen introducir nuevas reformas en ese proyecto, pues consideran que no cumple con pautas de movilidad equitativas que, además, estén en condiciones atravesar el examen de legalidad de los juzgados a la luz de la reciente jurisprudencia de la Corte. El oficialismo, por parte, ha insinuado que no admitirá nuevas reformas, que quiere que se apruebe el proyecto tal como salió de la Cámara Baja. ¿Se convertirá la movilidad jubilatoria en una nueva resolución 125? En cualquier caso, hay otras dos chances de choque en el fixture del Congreso: el Ejecutivo tiene que presentar en estos días su proyecto de Presupuesto para el año 2009. Vinculados a este debate hay dos puntos que seguramente tensarán las fuerzas del oficialismo y la disidencia: la declaración de emergencia económica y los llamados superpoderes, dos herramientas con las que el gobierno contó estos años y que le permitieron manejar fondos a discreción y poner en caja a gobernadores o intendentes ansiosos de autonomía.



En paralelo, el campo intensifica los preparativos de nuevas movilizaciones ante la evidencia de que el gobierno no resuelve problemas y se limita a hacer jueguito para la tribuna.



La señora de Kirchner exhibe las fragilidades de su administración en diferentes campos. El resonante anuncio del pago al contado de toda su deuda al Club de París –con una cifra precisa recitada por la presidente- fue primero corregido desde la tesorería francesa, que indicó que el número indicado era inexacto y fallaba en más de mil millones de dólares. Más tarde, fue el propio gobierno el que rectificó el anuncio presidencial: ahora, más sensatamente, se habla de abonar sólo el stock de deuda exigible. Y como las tratativas son mucho menos expeditivas de lo que soñaba un Ejecutivo que se asesora en familia en lugar de hacerlo con expertos, ahora el gobierno respira porque, al no cumplir el anuncio, evita un debilitamiento prematuro en la situación de las reservas, es decir, se salva –a costa de un papelón- de un peligro que había inventado con su propia improvisación.



Otro terreno en el cual la semana última quedó expuesta la pérdida de poder: el gobierno, preocupado por la falta de crédito que se le otorga en torno al tema de los manejos ilegales con la efedrina, los precursores destinados a la fabricación de drogas y, en general, con el tema del narcotráfico (aunque, por cierto, merced a su conducta ante el INDEC, no exclusivamente sobre esas cuestiones) anunció que establecería una colaboración plena con la DEA, la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos. Sin embargo, el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín, declaró sobre el pucho, el martes 9 de septiembre, que la fuerza que él conduce no colaborará con la DEA. "Nunca pude trabajar ni trabajaré con la DEA. No nos interesa su esquema de trabajo", le confió Saín a La Nación.



De acuerdo al organigrama del Estado, Saín depende del ministerio de Justicia y Seguridad y éste, a su vez, depende de la Presidencia. Cinco días después de esas declaraciones que chocaron contra la información ofrecida por quienes parecen ser sus superiores, Saín continuaba en su puesto. Tal vez aquel organigrama esté desactualizado.
Quién está al mando
La imagen de Cristina, según una encuesta cajoneada, está por debajo de los 20 puntos. Los números simplemente evidencian la fragilidad de su gobierno ante los desaires internos que continúan repitiéndose.

Por Jorge Raventos
| 14:17
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"Duérmete oficialmente, sin preocuparte,

que sólo algunas piedras son responsables".



María Elena Walsh, Canción de cuna para gobernante



Hace ya un buen tiempo que el gobierno no difunde encuestas sobre la imagen presidencial o sobre el juicio de los ciudadanos en torno a la gestión del kirchnerismo. Los motivos de esa discreción son comprensibles. No es que la Casa Rosada haya dejado de pagar estudios de opinión pública, sino que prefiere echar un piadoso manto de silencio sobre los datos que le proporcionan.



Un influyente ministro, por caso, recibió la semana última una extensa encuesta recién salida del horno que revela que el porcentaje de aprobación que cosecha hoy la señora de Kirchner ya se encuentra –después de unas semanas de amesetamiento- por debajo de los 20 puntos: para ser precisos, obtiene 50 opiniones negativas cada 17 favorables. En algunos rubros el juicio ciudadano es aún más duro: la gestión del tema seguridad recibe un 5 por ciento de opiniones positivas contra un 78 por ciento de negativas; el trabajo del gobierno sobre la inflación obtiene un 3 por ciento de aprobación versus un 77 por ciento de rechazo. Son cifras significativas, sobre todo si se considera que inflación e inseguridad representan (según datos del mismo estudio) las preocupaciones dominantes en la opinión pública.



Los datos de la encuesta sobre la presidente la pintan –para decirlo con una expresión popular- "más golpeada que rodilla de zapatero", incluso en comparación con la administración de su esposo: 17 de cada 100 consideran que su gobierno es "igual de malo" que el de Néstor Kirchner; 51 de cada 100 estiman que es "peor".



Pero no sólo la castigan los números. El proceso que se desarrolla en Miami con protagonismo de Guido Alejandro Antonini Wilson ha devuelto a las primeras planas la historia de la valija con más de 800 mil dólares enviada a Buenos Aires por el gobierno de Hugo Chávez y trasladada en un avión fletado por el Estado argentino. Las cintas grabadas que el fiscal y el FBI aportaron a aquel juicio incriminan cada vez más nítidamente a altos funcionarios del kirchnerismo y proyectan más sombras sobre el financiamiento de la última campaña electoral oficialista. Esas sospechas se suman a las que surgen de los hechos conectados con la venta ilegal de efedrina en relación con el narcotráfico y algunos aportantes a esa misma campaña. A la luz de estas circunstancias, y como señal de la seriedad institucional que les otorga, Elisa Carrió señaló esta semana que creía reunidas causales para el inicio de un juicio político.



El gobierno, entretanto, reaccionó frente a las revelaciones del juicio de Miami repitiendo la escena ensayada a fines del último año, cuando emergieron los primeros trascendidos sobre la investigación del fiscal americano Thomas Mulvihill y la Casa Rosada acusó al gobierno de los Estados Unidos de organizar "operaciones basura" para perjudicar al kirchnerismo.



El gobierno, que sin demasiados motivos creía haber enderezado un poco sus vínculos con Washington, vuelve a patalear ante el gobierno americano por situaciones que ocurren en los tribunales. Observa, además, sin demasiada capacidad de reacción cómo se dispersan fuerzas que hasta hace algunos meses consideraba propias y disciplinadas y cómo se le escurren entre los dedos instrumentos de poder que empleó largamente durante estos años.



Que Hugo Moyano, por ejemplo, haya solicitado públicamente que se considere el asesinato de José Rucci –del que se cumplen pronto 35 años- un crimen de lesa humanidad (es decir, imprescriptible) y que se juzgue y condene a los culpables, implica un gesto de indisciplina calificada para el kirchnerismo. El asesinato de aquel secretario general de la CGT y aliado principal de Juan Perón, como lo muestra una reciente investigación firmada por el periodista Ceferino Reato ("Operación Traviata"), fue consumado por la organización Montoneros y la doctrina oficial sólo ha querido considerar delitos de lesa humanidad las acciones producidas por la represión antiterrorista, jamás las que ejecutaron los grupos guerrilleros.



Una de arena y otra de cal: después de soltar ese bombazo, Moyano hizo buena letra y salió a sumarse al coro de ángeles que protesta contra la investigación judicial norteamericana sobre la valija llena de dólares chavistas. Una cosa no borra la otra, pero los Kirchner a esta altura no tienen tantos defensores como para despreciar esa ayuda.



De todos modos, tras esos descartes todavía queda un naipe en las manos del camionero, y tiene que ver con los reclamos para que el gobierno compense con dinero la pretensión de mantener cerradas las negociaciones salariales hasta el año próximo. Moyano no puede abandonar esa bandera porque siente en la nuca el aliento de su principal competidor, Luis Barrionuevo, quien desde la CGT Azul y Blanca ya desatada de compromisos oficialistas, exige nuevas negociaciones, aumentos de sueldos no meramente simbólicos. La pinza gremial se cierra sobre la Casa Rosada.



Las cosas no parecen más tranquilizantes en el plano parlamentario. Después del revés sufrido en julio a manos de los senadores con la famosa resolución 125, el oficialismo ha venido gambeteando las votaciones complicadas en las cámaras, y ha soportado con estoicismo que los proyectos enviados por Ejecutivo fueran perforados con modificaciones, con tal de sumar respaldos que le ahorraran una nueva derrota. Ahora, sin embargo, aparecen peligros en el horizonte. Uno es el proyecto de movilidad jubilatoria, que obtuvo la media sanción de Diputados tras haber sufrido varios cambios. Sucede ahora que muchos senadores (inclusive varios oficialistas) se proponen introducir nuevas reformas en ese proyecto, pues consideran que no cumple con pautas de movilidad equitativas que, además, estén en condiciones atravesar el examen de legalidad de los juzgados a la luz de la reciente jurisprudencia de la Corte. El oficialismo, por parte, ha insinuado que no admitirá nuevas reformas, que quiere que se apruebe el proyecto tal como salió de la Cámara Baja. ¿Se convertirá la movilidad jubilatoria en una nueva resolución 125? En cualquier caso, hay otras dos chances de choque en el fixture del Congreso: el Ejecutivo tiene que presentar en estos días su proyecto de Presupuesto para el año 2009. Vinculados a este debate hay dos puntos que seguramente tensarán las fuerzas del oficialismo y la disidencia: la declaración de emergencia económica y los llamados superpoderes, dos herramientas con las que el gobierno contó estos años y que le permitieron manejar fondos a discreción y poner en caja a gobernadores o intendentes ansiosos de autonomía.



En paralelo, el campo intensifica los preparativos de nuevas movilizaciones ante la evidencia de que el gobierno no resuelve problemas y se limita a hacer jueguito para la tribuna.



La señora de Kirchner exhibe las fragilidades de su administración en diferentes campos. El resonante anuncio del pago al contado de toda su deuda al Club de París –con una cifra precisa recitada por la presidente- fue primero corregido desde la tesorería francesa, que indicó que el número indicado era inexacto y fallaba en más de mil millones de dólares. Más tarde, fue el propio gobierno el que rectificó el anuncio presidencial: ahora, más sensatamente, se habla de abonar sólo el stock de deuda exigible. Y como las tratativas son mucho menos expeditivas de lo que soñaba un Ejecutivo que se asesora en familia en lugar de hacerlo con expertos, ahora el gobierno respira porque, al no cumplir el anuncio, evita un debilitamiento prematuro en la situación de las reservas, es decir, se salva –a costa de un papelón- de un peligro que había inventado con su propia improvisación.



Otro terreno en el cual la semana última quedó expuesta la pérdida de poder: el gobierno, preocupado por la falta de crédito que se le otorga en torno al tema de los manejos ilegales con la efedrina, los precursores destinados a la fabricación de drogas y, en general, con el tema del narcotráfico (aunque, por cierto, merced a su conducta ante el INDEC, no exclusivamente sobre esas cuestiones) anunció que establecería una colaboración plena con la DEA, la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos. Sin embargo, el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín, declaró sobre el pucho, el martes 9 de septiembre, que la fuerza que él conduce no colaborará con la DEA. "Nunca pude trabajar ni trabajaré con la DEA. No nos interesa su esquema de trabajo", le confió Saín a La Nación.



De acuerdo al organigrama del Estado, Saín depende del ministerio de Justicia y Seguridad y éste, a su vez, depende de la Presidencia. Cinco días después de esas declaraciones que chocaron contra la información ofrecida por quienes parecen ser sus superiores, Saín continuaba en su puesto. Tal vez aquel organigrama esté desactualizado.