MILITARES: INTERESANTE

Durante la gestión de Nilda Garré, el Ejército llamó a prestar servicios a un alto números de oficiales, en muchos casos violando la normativa que se aplica, esto es, el artículo 62 de la ley 19.101 y la reglamentación de la ley 14.777.

DICCIONARIO: "Prebenda: empleo lucrativo poco trabajoso. Se da piadosamente"

Prestan servicios en esa condición 75 oficiales retirados discriminados así:

1 teniente general.
5 generales de división.
13 generales de brigada.
50 coroneles.
6 tenientes coroneles.
18 suboficiales.

la ley 14.777 establece requisitos para la reincorporación al servicio de oficiales retirados.

Por ejemplo, el artículo 118 exige la obligatoriedad del reconocimiento de los postulantes en los hospitales militares.

Este examen es especialmente importante tratándose de personal retirado que, por su edad, tiene altas probabilidades de padecer enfermedades que le impedirían volver a prestar servicios.

Por su parte, el artículo 119 establece la obligación de que se realicen concursos de antecedentes para seleccionar a los que serán reincorporados.

Además de que, de acuerdo a las tareas, se tomen pruebas de capacitación. Por último, el Estado Mayor del Ejército, en la resolución (BRE) 5431, estableció que el límite máximo de edad para prestar servicios es de 75 años.

Estas incorporaciones fueron aprobadas por el Jefe de Estado Mayor del Ejército en violación flagrante de las disposiciones mencionadas.

Así es que abundan los reincorporados con patologías graves y hasta enfermedades terminales o trastornos psicológicos que impiden realizar tarea alguna.

En cuanto a los concursos de antecedentes, éstos brillan por su ausencia, siendo reemplazados por las reglas del clientelismo político y el dedo.

La mayor parte de las designaciones son prebendas políticas para un selecto grupo de amigos del poder que, además, impiden que accedan a los cargos oficiales capacitados y eficientes.


En cuanto a la edad, se advierte a simple vista en el listado de beneficiados que hay casos de hasta 85 años, lo que pone de manifiesto el absurdo de considerar que personas de esa edad están en condiciones de desempeñar tareas de alta responsabilidad, como jueces de instrucción militares (hoy ya no existen), personal superior de establecimientos militares, docentes, cargos técnicos, organismos de sanidad, representaciones en la administración pública, etc.

Este régimen prebendaría, conocido en la institución como “artículo 62”, permite mantener una elite de privilegiados y establece remuneraciones escandalosamente más altas que las del personal retirado y también en actividad. Hablando en pesos, el costo anual para el Estado Nacional de los 93 ñoquis de lujo es de 15.888.732 pesos, o sea U$S 3.972.183.

La paradoja es que, mientras los amigos del poder gozan del derroche del artículo 62 y cobran sin prestar servicio alguno, por el Decreto 1500 del 19 de octubre pasado se eliminó la compensación que corresponde por ley a los integrantes del Batallón Haití XII por la prolongación de la estadía mas allá de los seis meses previstos para la misión en el país caribeño.
Garré impulsó la medida por “razones de equidad” y argumentando que el Ministerio no contaba con los fondos suficientes.
Así, los militares que cumplen su servicio en uno de los países más riesgosos no cobran lo debido pero la elite de privilegiados sigue gozando de sus privilegios.

Los nombres

Entre los generales de división que el kirchnerismo premia con el artículo 62 y que perciben 117.936 pesos, se encuentra el
General (RE) Carlos Pedro Artuso,
Responsable de maniobras sospechosas junto con el Jefe de Estado Mayor, Luis Alberto Pozzi, y la misma Garré. Artuso condujo el IOSE y luego de firmar varias resoluciones cuestionadas pasó a ser artículo 62 sin pasar por el reconocimiento médico, debido a tener graves problemas físicos.

Es probable además que sea procesado a la brevedad en una causa por violaciones de derechos humanos.

Otro caso es el de Mario Luis Chretien, cuya reincorporación es irregular, a más de padecer graves problemas cardíacos y de diabetes y no haber pasado por el examen médico.

Siempre en el rubro generales de división, es notorio el caso de Julio Raúl Gómez Sabaini, otro enfermo cardíaco designado irregularmente. También su gestión al frente del IOSE durante el 2007 fue ilegítima.

Ricardo Gustavo Pianta tiene su propio record: cobra como artículo 62 desde hace más de diez años, pero nunca se lo ve en el Estado Mayor y tampoco pasó por la oficina médica.

En la nómina de los generales de brigada se destaca un obsecuente de Pozzi, Raúl Andrés Ara, que tampoco tuvo el alta médica y del cual se ignora qué funciones cumple.

Adolfo Enrique Cabrera es, en cambio, un operador del embajador en Colombia,

Teniente General (RE) Martín Balza; su designación sería el pago por el ocultamiento de pruebas realizado en el proceso por la venta de armas a Croacia y Ecuador.

Es también un fiel seguidor de Horacio Verbitsky.

Juan Jaime Cesio es una de las estrellas de la lista. Es ñoqui desde hace tres años y explota desde muchos años atrás su supuesta condición de perseguido político, cuando fue destituido en el ‘83 por sus declaraciones contra la fuerza en la revista Humor.

Su reincorporación se produjo a los 81 años por la Resolución 563/2007 del Jefe de Estado Mayor. Jamás fue examinado por los médicos y es un caso extremo de violación de la normativa.

Los generales Juan Carlos Cordini, Luis Durante, Mauricio Jorge, Emilio Grandinetti, Jorge Raúl Piccione y Mario Antonio Remetín son también ñoquis en condición irregular.

Otro designado a dedo es Raúl Piazza, ex carapintada, cuyo mérito más alto sería su condición de obsecuente del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, aunque también prestó servicios delatando a otros generales y ayudando a su amigo, el hombre fuerte y subjefe de la fuerza, el general Santos Milani.

Herberto Antonio y Guillermo Alberto Sevilla son otros dos apadrinados por Balza, al que le prestan distintos servicios.

Emilio Daniel Terán es, en cambio, un compañero de Pozzi que padece una enfermedad terminal que le impide cualquier actividad laboral.

En la nómina de coroneles del artículo 62, que apenas cobran 15.105 pesos mensuales, se notan -siempre designados irregularmente- amigos de Pozzi,

como Pedro Augusto Barrufaldi, Julio Horacio Bergallo, Oscar Florencio Díaz Goberna, Luis Alberto Juárez, Rubén Rolando Miranda, Fernando José Trindade y

Daniel Atanasio Fanjul. A este último se le inventó un cargo que parece irónico: auxiliar del Sistema de Asistencia y Capacitación Laboral del Ejército.

Tampoco faltan los ñoquis que responden a Garré, como Gualterio Daniel Báez o a su hermano Raúl, en el caso de Julio Ballesteros, un ex carapintada al igual que Roberto Francisco Eito y Luis María Trujillo. Marcelo Alejandro Gazpio es, en cambio, un íntimo amigo de Milani. Daniel Alfredo Justo podría figurar en el libro Guinness de los records, porque cobra en un cargo correspondiente a la justicia militar, que ya no existe.

El ñoqui Ricardo Jacinto Novoa se desempeña, en cambio, como doble agente, ya que por un lado respondería al oficialismo y por el otro asesoraría en los temas militares a la oposición. Su esposa es agente de la SIDE. También hay en la nómina militantes K, como Guillermo Jorge Quintana y Alfredo Augusto Stahlschmidt.

La extensa nómina tiene muchos casos más de ñoquis designados irregularmente.

Sin duda, la clave para que este régimen de privilegio -aplicado además en forma ilícita- perdure a través del tiempo es el riguroso secreto en el que se ha mantenido hasta ahora.

Por otra parte, hay que hacer notar que durante la gestión de Garré este sistema alcanzó niveles de ilegalidad y arbitrariedad muy superiores al pasado.

En definitiva, un enclave de corrupción que contrasta grotescamente con las purgas kirchneristas contra los oficiales que cometieron el delito de no pensar como el gobierno

como dijo el gran filosofo " 3 oportunidades te da DIOS te queda 1"