DETERGENTE BARATO

LA OPOSICIÓN RECHAZÓ EL PROYECTO
Con el lavado de dinero se debatirá el futuro de la UIF

Desde el PRO, la Coalición Cívica, la UCR y el Peronismo Federal, rechazaron el proyecto de la presidente Cristina Fernández sobre el lavado de dinero. Las diferencias se centran en quién será el encargado de perseguir a los acusados por lavado de dinero. Mientras el oficialismo quiere dejarlo en manos de la Unidad de Información Financiera (UIF), presidida por José Sbatella, la oposición reclama que su titular a partir de una terna impulsada por el Congreso, o bien escogido a partir de un concurso público.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Diputados del PRO, La Coalición Cívica, la UCR y el Peronismo Federal, rechazaron el proyecto de la presidente Cristina Fernández sobre el lavado de dinero.

“Si el oficialismo pretende aprobarlo sin negociar, no contarán con nuestro apoyo”, señaló Alfonso Prat Gay, de la Coalición Cívica. En el mismo sentido se manifestaron los jefes de la bancadas de la UCR y PRO, Ricardo Gil Lavedra y Federico Pinedo, respectivamente, y el legislador del Peronismo Federal, Gustavo Ferrari.

Prat Gay afirmó que “hay una diferencia medular entre lo que propone el oficialismo y lo que planteamos nosotros: nuestra idea es avanzar un poco más en la autonomía política y autarquía financiera de la Unidad de Información Financiera (UIF)”.

El legislador por la ciudad de Buenos Aires agregó: “No queremos ninguno de los dos extremos, es decir, ni uno que permita cualquier situación de lavado, ni un organismo que se dedique a perseguir a opositores”.

En tanto, Gil Lavedra explicó que los bloques en cuestión vienen “trabajando desde diciembre con este tema y la idea es que se pueda cumplir con las recomendaciones Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ya que Argentina cumplió pocas”.
El jefe de bloque de la UCR manifestó: “No entendemos el apuro del Gobierno. Estamos dispuestos a discutir para que todo pueda funcionar mejor”.

Pinedo fue más allá y expresó: “El lavado de dinero es el delito más grande que hay, además es una fuente tremenda de recursos para comprar voluntades. Argentina tiene un problema serio en esta materia, es un delito internacional. Lo que hemos venido acordando es un proyecto que establezca, por un lado, al lavado de dinero como un delito, pero que el organismo de control no sea un elemento de persecución política”.

Ferrari aseveró que espera que “no suceda lo mismo que pasó con el debate del Presupuesto 2011”, y agregó que la iniciativa opositora es distinta de la oficialista porque hay “diferencias con las personas y los procesos, con el sistema de asignación de personal; todo ello desde ser transparente”.

La idea de los legisladores opositores es acordar una nueva reunión de las comisiones de Finanzas y Legislación Penal para la semana que viene. La fecha tentativa sería el jueves 14/04.

Hoy en el Congreso hay 3 proyectos que se analizan

El proyecto del Poder Ejecutivo, propone que el lavado sea castigado directamente con penas de prisión, sin la necesidad de que exista un delito precedente, eliminando la restricción existente en la legislación actual para el juzgamiento y condena del delito de autolavado.

Hasta el momento, de acuerdo con la Ley 25.246, sancionada el 13/04/2000, se puede penar de 2 a 10 años de prisión el lavado de dinero pero “para castigar el lavado tiene que demostrarse la existencia de un delito preexistente, por ejemplo el narcotráfico”.

La nueva norma propone ampliar las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), promoviendo su intervención en los casos donde aparezca, como delito precedente, la extorsión y los actos reprimidos por la Ley Penal Tributaria.

El proyecto que ingresó el 23 de junio de 2010 con la firma de la presidente Cristina Fernández, el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y el Ministro de Justicia, Julio Alak, propone la modificación de la tipificación del delito de lavado de activos y pena con prisión de 2 a 10 años a quien conviertiere, tranfiriere, administrare, vendiere, aplicare, de cualquier modo dinero u otras clases de bienes proveniente de un delito y siempre que el valor la suma supere los $ 200.000, en un solo acto o por reiteración de hechos diversos vinculados entre si.

El proyecto de ley deja en manos de la Unidad de Información Financiera (UIF), el análisis, el tratamiento y la transmisión de de información a efectos de prevenir e impedir delitos provenientes del narcotráficos y comercialización de estupefacientes, del contrabando de armas, del fraude de la Administración Pública, de la prostitución de menores y pornogafía infantil.

La UIF estará facultada para solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que considere útil para el cumpliento de sus funciones.
Por otro lado el proyecto de Elisa Carrió y Horacio Piamonte propone regular el sistema argentino de prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo a los efectos de proteger el buen funcionamiento del orden económico, la transparencia de instituciones públicas y privadas que componen el sistema financiero, la capacidad de actuación de la administración pública y el orden público de las amenazas implícitas en la circulación global de activos que tienen como origen actividades criminales o como destino actos de terrorismo.

La iniciativa de Carrió y compañía, crea la Agencia de Inteligencia Financiera (AIF) con autarquía funcional, dependiente del Poder Legislativo de la Nación. La AIF será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de la información a los efectos de prevenir, impedir y sancionar el lavado de activos de origen delictivo y la financiación del terrorismo.

La AIF será integrada por un Presidente y un Vicepresidente y un Consejo Asesor de cinco miembros que serán elegidospor concurso público de oposición y antecedentes a cargo de una Comisión Bicameral Nacional Especial, integrada por los presidentes de las comisiones de Justicia, de Legislación Penal y de Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación y de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado de la Nación.

Por ultimo el proyecto del Peronismo Federal y el PRO, regula el régimen de prevención de lavado de activos de origen delictivo y la financiación del terrorismo a los efectos de proteger la licitud de los bienes que circulan en el mercado, garantizar el buen funcionamiento del orden económico y de las instituciones públicas y privadas que componen el sistema financiero, otorgar capacidad de acción a la administración pública y preservar el orden público de las amenazas implícitas en la circulación global de activos que tienen como origen actividades del crimen organizado nacional o trasnacional.

A la espera de las reformas concernientes al Poder Legislativo, el plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional, aceptó revisar la evolución del desempeño de Argentina en junio próximo.

Mientras tanto, el país transitará el procedimiento identificado por su sigla en inglés como ICRG (International Co-operation Review Group), que supone un seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones específicas que el GAFI realiza a los países miembros para mejorar sus políticas antilavado de activos (ALA) y contra la financiación del terrorismo (CFT) a los estándares internacionales. Este es el verdadero motivo del apuro de Cristina Fernández para apurar en el Congreso la aprobación de la ley de lavado de activos.