lunes, 18 de abril de 2011

YA TIENEN LA PLATA


ELECCIONES 2011
Clave: La oposición intentará restringir la publicidad oficial

Diputados de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y el Peronismo Federal buscarán aprobar en las proximas sesiones de la Cámara baja el proyecto que regula la publicidad del Gobierno calculada para este año electoral en más de $ 500 millones. Quieren impedirle al Gobierno usar esa caja millonaria en la campaña electoral.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El Grupo A de la Cámara de Diputados de la Nación reaccionó con preocupación ante el Decreto 445/2011, que reglamenta el Régimen de Asignación y Distribución de espacios para anuncios de campaña electoral en los servicios de comunicación audiovisual.

Desde la Coalición Cívica, la UCR, el Peronismo Federal y el PRO, decidieron dar batalla en el Congreso para revertir el gasto electoral del gobierno de Cristina Fernández, calculado para este año electoral, en por lo menos $ 512 millones, sin control, ni restricciones.

La ley de Democratización de los Partidos Políticos y la Equidad Social, establece en su artículo 34 que "las agrupaciones políticas y sus listas internas no pueden contratar en forma privada, publicidad en emisoras de radiodifusión televisiva o sonora abierta o por suscripción para las elecciones primarias.

Si una agrupación política contratara publicidad en emisoras de radiodifusión televisiva o sonora abierta o por suscripción, será sancionada con la pérdida del derecho de recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años, y los fondos para el financiamiento público de las campañas electorales por una (1) a dos (2) elecciones de aplicación en la elección general correspondiente.

Si una emisora, ya sea televisiva o sonora, contratara o emitiera publicidad electoral, en violación al presente artículo, será considerado falta grave, siendo pasibles de las sanciones previstas por el artículo 106 de la Ley 26.522, notificándose a sus efectos a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual".

En cambio, estarán sujetos a los espacios que les otorgue el Gobierno, sorteo mediante, para difundir sus propuestas.

En la Cámara baja los bloques opositores impulsarán cuanto antes la sanción del proyecto, ya consensuado entre ellos, que impone límites drásticos al uso de los recursos públicos para difundir los actos de gestión. No sólo eso. El párrafo que irrita al Gobierno es el que prohíbe todo tipo de publicidad oficial durante los meses de campaña.

Como el tiempo apremia, los opositores coinciden en priorizar este proyecto para las próximas sesiones. De hecho estaba en el temario de una sesión especial que hace 15 días fracasó por falta de quorum.

El Gobierno ya anticipó su contraofensiva y amenaza con regular la publicidad privada que reciben los medios de comunicación si la oposición avanza con su iniciativa. Varios funcionarios y legisladores kirchneristas, seducidos con la idea, ya comenzaron a trabajar en un borrador que circula en algunos despachos del oficialismo.

El aumento de la publicidad oficial desde que gobierna el kirchnerismo fue sideral: en 2004 el presupuesto le destinó casi $80 millones, mientras que para este año se calcularon $512 millones. Es decir, el gasto se sextuplicó en 7 años.

Pero el problema no sólo radica en los millones que vuelca el Gobierno a este rubro: Lo más cuestionable para la oposición es la arbitrariedad con que distribuye las pautas entre los medios de comunicación, premiando a los medios amigos y castigando a las más críticos.

En el año 2010, el reparto fue discrecional: 2 grupos editoriales muy afines al oficialismo, como el diario Página/12 y el Grupo Szpolski ( Tiempo Argentino, El Argentino, Veintitrés, Siete Días, entre otros medios gráficos), concentraron alrededor del 47% de la publicidad oficial en diarios y revistas de la Capital.

En tanto, el 67,5% de la publicidad del Estado en la televisión abierta fue a parar a una sola señal, Canal 9, seguido muy de lejos por los dos canales más vistos de la Argentina, como Telefé, que reunió el 16,7% de aquellos fondos, y Canal 13, que apenas captó el 5% de la torta publicitaria oficial, según publicó el diario La Nación.

Con la campaña electoral en marcha, ningún legislador se atreve a garantizar la sanción del ambicioso dictamen opositor. El diputado nacional Gustavo Ferrari (Peronismo Federal-Buenos Aires) quiere por lo menos se le prohíba al Gobierno la inauguración de obras públicas durante los 35 días de campaña, como también toda forma de publicidad oficial en ese período.

Ferrari se quejó de los detalles que impone la reglamentación de la ley electoral conocidos este viernes 15/04. “Si la ley estaba escrita a la medida de Néstor Kirchner, la reglamentación está escrita a la medida de Cristina Kirchner”, aseguró el legislador del Peronismo Federal, por cuanto “esto evidentemente tiene todo un sesgo oficialista y exclusivamente orientado a procurar beneficiar al partido de gobierno”.

En diálogo con Radio El Mundo, Ferrari dijo que a partir de esta elección “no se va a poder contar con la posibilidad de poder contratar directamente publicidad en televisión y en radio por parte de los partidos políticos. Esto no ocurrió nunca en la historia de la Argentina”. Señaló también que la norma no sólo rige para el candidato presidencial, sino también para el candidato a gobernador de cualquier provincia que tenga simultaneidad con la elección general, haya suscripto o no el régimen de interna.

A todos les cabe la restricción publicitaria, dijo, lo cual a su juicio “viola la autonomía provincial”. En efecto, remarcó que “este decreto interviene sobre la legislación provincial, determinando que la pauta publicitaria va a ser también regulada por ese decreto”.

El Proyecto

El régimen regulatorio de la publicidad oficial que promueve la oposición, establece que el Poder Ejecutivo deberá presentar un plan anual de publicidad, que será elevado a una comisión bicameral del Congreso para su aprobación. Se creará la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial, como organismo descentralizado, dirigido por un funcionario designado por el Ejecutivo, con acuerdo del Senado.

Quedan alcanzados las contrataciones que tengan por objeto publicidad oficial celebrados por la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada y entidades autárquicas, Poder Judicial, Poder Legislativo, empresas y sociedades del estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y sociedades de economía mixta.

Control y restricciones

La publicidad oficial no podrá contener imágenes o referencias a ningun funcionario, ni sus firmas, ni de candidatos a cargos electivos, ni manifestaciones engañosas o que impliquen marginación o perjuicio fundado en razones ideológicas o políticas. No podrá destacar logros de gestión ni tampoco podrá contener ningún tipo de orientación partidaria.

Queda prohibida toda distribución y concentración discrecional de la publicidad oficial. Las contrataciones deberán realizarse mediante licitaciones públicas o compulsas de precios, bajo pena de nulidad. No se permitirá la contratación directa de medios ni de agencias de publicidad. Las únicas excepciones se admitirán cuando deban publicarse mensajes destinados a advertir a la población sobre posibles riesgos ocasionados por enfermedades,catástrofes naturales.

Mayor control

Se crea una unidad ejecutora de la publicidad oficial dirigida por un funcionario del Poder Ejecutivo Nacional, pero con acuerdo del Senado. Y se propone una comisión bicameral parlamentaria para la revisión.

Rendición de cuentas

El Gobierno debe presentar un plan anual de publicidad oficial y presentar un informe semestral al Congreso.

La campaña

No se podrá contratar publicidad oficial en los períodos electorales, es decir, dos meses antes de la votación. En la oposición temen que el Gobierno use la enorme masa de fondos del área como propaganda electoral encubierta. Consideran que sería un fuerte foco de desigualdad, ya que la nueva ley electoral impide contratar publicidad de campaña en televisión a todos los candidatos.

El reparto

Todos los medios de comunicación, productoras y agencias de publicidad, deben inscribirse en un registro único.

Montos concretos

Ninguno de los medios que reciban publicidad oficial podrá acceder a más de un 10 por ciento de los recursos totales que invierta el Estado. Hoy, no hay tope y el Gobierno puede fomentar incluso la creación de nuevos grupos de medios, al direccionar altas sumas de recursos a empresarios afines.

Los criterios de distribución

El reparto de fondos se realizará según criterios de tiraje, audiencia, cantidad de población destinataria. Actualmente eso se hace a discreción de los funcionarios a cargo del tema.

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